En poco más de dos años, el gobierno panameño actual
ha logrado desilusionar a sus seguidores y a todos aquellos que sin haber
votado por sus candidatos tenían algo de esperanza que iba a actuar de una
manera más responsable que las administraciones anteriores. No ha sido el caso.
La corrupción está al orden del día en los
ministerios y en las demás instituciones gubernamentales. Todos los días hay nuevos escándalos que para
el común de la gente se hace difícil darles seguimiento. En materia de Salud, Seguridad Social, Educación
y Vivienda, los sectores sociales más sensibles, las partidas de miles de
millones de dólares se esfuman sin que se vea su efecto sobre los programas. El
ministro de Salud renunció. La ministra de Educación se quiere ir. El ministro
de Vivienda, un empresario, se siente muy satisfecho con sus programas que
generan enormes ganancias (y pocas soluciones de vivienda).
Igualmente, en los sectores productivos - como
Desarrollo Agropecuario, Comercio e Industrias y la promoción de los pequeños
empresarios – las inversiones se pierden antes de llegar a su destino. Las
concesiones que hace el gobierno a hidroeléctricas, mineras, puertos y casinos
están generando ganancias extraordinarias para unos pocos inversionistas sin
darle beneficio alguno al país. En el
caso de la minera de cobre, la corrupción se ha extendido a la burocracia del
empobrecido Distrito de Donoso que ha creado una pequeña elite que cuenta con
toda clase de beneficios en detrimento de la población.
Según cálculos hechos sobre la base del indicador
llamado producto interno bruto (PIB), las subvenciones que se hacen a los
empresarios son de 5 mil millones de dólares. Esta cifra se compara muy
favorablemente a los 500 millones de dólares que gasta el gobierno en
subvenciones para los sectores más empobrecidos del país. El gobierno anunció
que en 2017 tendrá un presupuesto que supera los 21 mil millones de dólares.
Gran parte de estos gastos se realizarán para pagar la deuda, tanto interna
como externa.
No hay que olvidarse que el presupuesto nacional se
‘arma’ en una oficina muy privada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
donde sólo tienen acceso los asesores más cercanos del Presidente de la
República y los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional. La Embajada de EEUU
también envía sus observadores para proteger sus intereses.
Estos últimos son los más interesados en asegurar
que el presupuesto incluya renglones dedicados a la compra de equipos militares
y entrenamiento. Todos los años los
gastos militares crecen y la militarización del país (que no tiene ‘Ejército’)
aumenta. La vieja excusa de la necesidad de defender las fronteras y el extenso
litoral, se vino abajo con la crisis creada por los ‘transeúntes’ que cruzan
las porosas fronteras con Colombia y Costa Rica.
La pregunta es si el barco gubernamental está
haciendo agua y pronto se hundirá. Aunque pareciera ser el caso, todo indica
que mientras más corrupción más se consolida el gobierno y sus estructuras.
Algo parecido ocurrió con los gobiernos anteriores (1989-2014). La corrupción
se eleva a alturas no vistas anteriormente. A pesar de su podredumbre, los
partidos que los sostienen llegan a las siguientes elecciones optimistas,
seguros de su triunfo. Las urnas, sin embargo, les dan un mensaje
distinto. Le toca a otra fracción de
quienes son dueños del país llegar a gobernar. ¿Hasta cuándo puede durar este
juego?
La propuesta más reciente, que no es original, es la
privatización de la Lotería Nacional de Beneficencia. Como dice su nombre, es una institución
creada hace 100 años (1914) para recaudar fondos en beneficio de los sectores
de la población más necesitados. Los
ingresos anuales de la Lotería superan los 100 millones de dólares, sin incluir
los enormes recursos que genera y que no llegan al Tesoro Nacional.
El embajador Olimpo Saez señala que la
reforma a la ley de la Lotería perjudicaría al país y debe ser rechazada. Según
el artículo
Segundo A de la reforma la institución daría en concesión a empresarios “la
explotación de cualquier juego similar a
la lotería, de forma directa o indirecta a través de la contratación de
personas jurídicas o naturales dedicadas a la actividad o en régimen de operación compartida”. Los
100 millones de dólares que ingresan actualmente se reducirían
significativamente para dar lugar a los pagos que se harían (a si mismas) las
empresas concesionarias.
25 de agosto de 2016.
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