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Wednesday, December 28, 2016

Si 2016 fue ‘un año perdido’, el próximo no promete ser mejor



Para la mayoría de los pueblos del mundo, 2016 fue ‘un año perdido’. Fue marcado por guerras, muertes, más pobreza y una creciente desigualdad. Una muestra significativa: el 15 por ciento de la población de EEUU vive actualmente en la pobreza y aumenta con cada año que pasa. En América latina, el 'despegue' regional se enfrentó a la oposición de EEUU con resultados mixtos. En este año el mundo se despidió del jefe histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro. 
En 2016, Panamá siguió experimentando un espiral descendiente des sus indicadores sociales y económicos. Además, enfrentó ataques a su ‘economía de servicios’ por parte de Washington.
Hubo algunas noticias positivas. La Conferencia Mundial sobre el Clima en París reconoció que los problemas ambientales son el resultado de los abusos de los países industrializados. En Colombia se avanzó en busca de una paz entre los sectores más pobres y la elite ‘cachaca’.
Después de una demora de casi dos años se inauguró la ampliación del Canal de Panamá. Cuando se inició la construcción del tercer juego de esclusas en 2008, el comercio marítimo mundial estaba experimentado un  período de auge. Sin embargo, en la actualidad se encuentra deprimida, causando una disminución de los ingresos por concepto de peajes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
A pesar de la disminución, los ingresos de la vía acuática superaron los 2.5 mil millones de dólares. La ACP le transfirió al tesoro nacional más de mil millones que el gobierno incorporó a su presupuesto anual de manera poco transparente. El presupuesto total del gobierno panameño superó los 20 mil millones de dólares, con un porcentaje muy bajo destinado al desarrollo del país. El producto interno bruto (PIB) de Panamá es un poco más de 50 mil millones de dólares (13 mil per cápita). Casi 90 por ciento del PIB se concentra en el sector servicios. En 2016 este sector no generó empleo productivo y promovió el empleo informal y precario. Este tipo de desarrollo creó más desigualdad y una fuerte concentración de riqueza en una pequeña elite de financistas y especuladores.
En el marco de las dificultades económicas del país, con una tasa de crecimiento de su PIB disminuyendo de niveles que superaban el 10 por ciento anual (hace apenas cinco años) a la mitad en 2016, EEUU atacó el sistema financiero panameño desde dos flancos. Por un lado, creó el escándalo de los 'Papeles de Panamá' que pretende convencer a la opinión pública mundial que el sistema de lavado de dinero es una exclusividad panameña. Por el otro, incluyó en su ‘Lista Clinton’ a un comerciante panameño que es dueño de La Estrella de Panamá y El Siglo poniendo en peligro la existencia de esos medios. El embajador de EEUU en Panamá dijo que el mensaje es claro: Washington manda en Panamá.
Las luchas sociales por la tierra continúan en Barro Blanco, la mina de cobre en Petaquilla, en Santa Rosa, Río Cobre, Matugandí y la isla San Miguel, donde especuladores pretenden destruir comunidades con historias centenarias.
El sistema educativo panameño tocó fondo, con escuelas deterioradas, educadores que no reciben sus emolumentos y números crecientes de estudiantes fracasados. En salud se sigue retrocediendo sin programas de prevención ni comunitarios. Las enfermedades son atendidas en hospitales sin equipos. El ministro de Salud renunció y el director de la Caja de Seguro Social (CSS) fue removido. 
El gobierno anunció que había disminuido la tasa de homicidios pero aumentaron los robos y hurtos. Se interrumpió la campaña para llevar a la justicia a funcionarios del gobierno anterior (2009-2014) sospechosos de corrupción. Para cerrar el año, la constructora brasileña Odebrecht, fue acusada de desembolsar 800 millones de dólares en comisiones ilegales a escala mundial. A los funcionarios corruptos de Panamá les tocó 59 millones.
El sistema político panameño aún continua bajo la tutela de EEUU. No convirtió los ataques de EEUU y la OCDE en una oportunidad para encabezar una ofensiva diplomática que desenmascarara los ‘paraísos fiscales’  en territorio norteamericano y de Europa occidental.
Si 2016 fue ‘un año perdido’, el próximo no promete algo mejor. ¿Qué trae el recién electo presidente de EEUU, Donald Trump, en su mochila? ¿Más golpes de Estado y guerras? ¿Impondrá más bases aéreo navales en Panamá? ¿Exigirá parte de los ingresos del Canal para comprar más armas? ¿Cerrará algunos bancos? ¿Ampliará la ‘Lista Clinton’?

29 de diciembre de 2016.

Thursday, December 22, 2016

EL GOBIERNO LE ROBA EL PLATO DE ARROZ AL PUEBLO

La  situación en el agro panameño llegó a su límite con los ataques más recientes del gobierno a los productores. Aprovechando la falta de planificación, el gobierno promovió la compra de arroz en el exterior para que los especuladores quebraran a los productores nacionales. 
La operación fue pensada y ejecutada con maestría por los políticos al servicio de los intereses neoliberales. Son un puñado de especuladores que tienen sus garras dentro del gobierno. Crean y hacen desaparecer empresas en el registro de la propiedad con el sólo objetivo de transferir millones de dólares de las arcas fiscales a sus cuentas secretas. 
¿Cómo se justifica que mientras los productores preparan la cosecha de arroz para colocarla en el mercado, el gobierno aprueba la compra de millones de quintales del rubro en el exterior y comienza a desembarcarlos en los puertos nacionales? Las cuatro empresas importadoras autorizadas para la operación fueron creadas con ese solo propósito. Los productores, desde Darién hasta Alanje, pasando por Chepo y Coclé, han protestado sin que el palacio presidencial reaccione. Los especuladores están demasiado ocupados celebrando con la música de sus cajas registradoras. Para responder a la indiferencia gubernamental, los productores organizaron una marcha hacia el Palacio de las Garzas.
Durante la marcha de los productores agrícolas hacia la Presidencia de la República realizada el pasado lunes, se exigieron soluciones. El secretario general del Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN), Juan Jované, planteó, en un comunicado, que "el  pueblo demanda una solución efectiva y rápida a la escandalosa arremetida del gobierno contra la producción agrícola nacional y la seguridad alimentaria de la familia panameña". 
Denunció al gobierno, por la política corrupta y la rapiña "contra el presupuesto de los trabajadores de las ciudades y de los productores del campo". 
En el comunicado del MIREN, se "propone un sistema ordenado y planificado de la producción agrícola, basado en criterios científicos y donde prime una política seria y responsable". En el caso del arroz, los gobernantes tienen en sus manos las estadísticas que hablan del engaño que pretenden realizar. "Saben muy bien cuál es la demanda nacional y tienen la información necesaria para saber cuántas hectáreas de tierra se necesitan para satisfacer esa demanda".
En la actualidad, los productores nacionales siembran 92 mil hectáreas de arroz y cosechan 6.2 millones de quintales. Con un plan de trabajo, los productores de arroz pueden sembrar el doble y cosechar aún más. El gobierno puede reabrir los silos para guardar cualquier sobrante y tenerlo disponible para los años de malas cosechas. Incluso, Panamá, en el pasado, ha exportado arroz. Con estas prácticas mercantilistas, hemos regresado a los años más corruptos de la historia en que los gobiernos y especuladores conspiraban para arruinar a los arroceros y otros productores agrícolas. 
En la década de 1950 se sembraba la misma cantidad de hectáreas de arroz que en el siglo XXI. En la década de 1970, con mejor planificación, se sembraban 105 hectáreas. 
El comunicado del MIREN señala que la situación de los arroceros se reproduce para cada rubro agrícola. "Los gobernantes y sus malos socios - especuladores y financistas - hacen sus cálculos no para satisfacer las necesidades del país. Sus planes, cuando llegan al poder, consisten en crear más confusión y aprovechar las oportunidades para robar más".
El negocio de las importaciones de arroz se ha disparado perjudicando a los consumidores. Entre 1970 y 1990 Panamá era auto-suficiente: no importaba arroz. En 2000, después del TLC con EEUU, se importaron 1.8 millones de quintales, en 2010 las importaciones alcanzaron las 2.5 millones de quintales y en 2015 fueron 2.3 millones. ¿Quiénes se hacen millonarios? Los especuladores y monopolistas asociados a los gobernantes.
El MIREN hace suyas las demandas de los productores nacionales que coinciden con las necesidades del pueblo. El comunicado dice que "apoyamos la planificación de la producción por parte de los agricultores para asegurar una competencia sana y erradicar los tentáculos de los monopolistas enquistados en el gobierno". 
El sector más golpeado por la corrupción oficial es el pequeño productor de arroz. Entre 1990 y 2010, de los 1154 productores pequeños sólo quedan 717. Entre los grandes, hubo una aumento del 35 por ciento.
A su vez, el MIREN exige que se renegocie el Tratado de Libre Comercio con EEUU que en cuestión de pocos años acabará definitivamente con lo poco que le queda a la agricultura panameña. 

22 de diciembre de 2016.

Wednesday, December 14, 2016

La ‘Lista Clinton’ de EEUU atenta contra la soberanía



La Estrella de Panamá ha sido condenada a muerte. El tercer diario más antiguo de América hispana, fundada en 1849, cayó bajo las garras de un acto administrativo del gobierno norteamericano y fue sentenciado a desaparecer. Es un caso sólo digno de las arbitrariedades que comete EEUU contra países pequeños, con gobiernos débiles y sin dirigentes capaces de reaccionar contra los atropellos de los más poderosos. 
El dueño de La Estrella de Panamá y de El Siglo, Abdul Waked, es un comerciante de la Zona Libre de Colón, que adquirió ambos diarios hace cinco años. Según el gobierno de EEUU, es sospechoso de estar envuelto en negocios ilícitos y es considerado una amenaza para EEUU. Washington no tiene pruebas por lo tanto no puede imputarle delitos o presentar pruebas ante un tribunal. 
Para pasar por encima de la ley y los acuerdos internacionales, la Secretaría del Tesoro (Ministerio de Hacienda) de ese país creó una instancia que ha denominado la “Lista Clinton”. Si una persona o empresa (persona jurídica) es incluida en esta ‘Lista’ es marginado de toda relación financiera con empresas y gobierno de EEUU. También es excluido de todo trato con terceras personas que tienen vínculos con entidades norteamericanas. En otras palabras, es condenado a muerte comercial.
En el caso de La Estrella de Panamá y El Siglo, la libertad del país y de su pueblo a ser informado es coartada por una decisión administrativa de un gobierno extranjero. Washington pretende demostrarle a Panamá quien es el verdadero soberano en territorio nacional. Incluso, el embajador de EEUU en Panamá le instruyó al dueño de los periódicos que para solucionar el problema podía vender los medios de comunicación. Ese es el nivel de respeto que EEUU tiene para la libertad de ser informado, es el nivel de respeto que tiene para las leyes panameñas y es el nivel de respeto que tiene de la soberanía panameña. 
Durante el siglo XX, Panamá luchó para recuperar su soberanía sobre su posición geográfica. Fue un enfrentamiento desigual, pero finalmente los panameños vencieron gracias a su perseverancia e inteligencia negociadora. No tuvo que disparar una sola bala, a pesar de que EEUU durante décadas lanzó ataque tras ataque contra una población desarmada. 
Panamá ha sido objeto de un ataque político por parte de Washington que trae a la memoria la invasión militar de 1989 y el hackeo reciente muy publicitado de una firma de abogados panameña especializada en abrir empresas (shell corporations) en paraísos fiscales de EEUU. 
Washington ignora, a propósito, el orden jurídico internacional sobre el cual descansa la ley y el orden. Se considera una potencia por encima de la ley. Al mismo tiempo, no cree en el orden y promueve el caos en función de sus intereses, sin importar a quien cause daño sus acciones. En el caso de WASI, accionista principal de La Estrella de Panamá y El Siglo, si existieran elementos que la hace sospechosa de incurrir en ilícitos, EEUU debe acudir a los tribunales de justicia. Son los tribunales los encargados de dirimir conflictos de intereses. 
De acuerdo a las leyes panameñas, si el dueño de la empresa que controla mayoritariamente las acciones de La Estrella de Panamá y El Siglo, es acusado y condenado de un ilícito, los diarios siguen publicándose, ya que el supuesto delito no los involucra. La medida “administrativa” (la Lista Clinton) condena a muerte comercial al empresario, a los trabajadores y a la democracia (muerte política) del país.
Sobre este último aspecto, hay razones para sospechar que en última instancia, el objetivo de EEUU es desestabilizar el país. Con este nefasto precedente, mañana otros medios de comunicación o empresas, podrán ser objetos de estas medidas arbitrarias y contrarias al derecho internacional, no importa a qué grupo comercial o partido político, esté vinculada.
El secretario general del Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN), Juan Jované, declaró que “EEUU no respeta el derecho internacional”. Jované, encabezando una delegación, visitó la planta periodística e hizo entrega de un comunicado del MIREN, de solidaridad con los trabajadores de La Estrella de Panamá y El Siglo. 
Durante la visita se conversó sobre la posición ambigua del gobierno panameño frente a las pretensiones de Washington de dictar las normas legales y desconocer la soberanía nacional. Se señaló que le corresponde al Presidente de la República pronunciarse y rechazar en forma enfática los abusos de EEUU.

15 de diciembre de 2016.

Thursday, December 8, 2016

Transparencia también tiene sus privilegiados


La ciudad de Panamá fue recientemente sede de un encuentro internacional de organizaciones que promueven la transparencia en las actividades gubernamentales y empresariales. El cónclave presentó recomendaciones y realizó varios pronunciamientos sobre la conducta poco transparente de políticos y empresarios. En el fondo, fue un gran evento de simulación. No se tocaron los problemas de fondo como son la corrupción y la manipulación -por parte de las trasnacionales- de las leyes y reglamentos de todos los países, del centro (‘desarrollados’) o de la periferia (‘subdesarrollados’).
En el caso de Panamá, el anfitrión de la conferencia, los expertos se olvidaron de examinar las trasnacionales que operan en el país sin pagar impuestos con el beneplácito del gobierno: Panamá Ports, Minera Panamá y muchas otras. Los conferencistas si examinaron el caso de Mossack y Fonseca que presta servicios a quienes quieren abrir empresas encubiertas (Shell companies) en los paraísos fiscales de EEUU.
La evasión impositiva por parte de las empresas transnacionales es una causa importante de inequidad y pobreza. El caso de Apple en Irlanda es un buen ejemplo. Según la economista Claudine Gaidoni, las empresas transnacionales violan los derechos humanos al utilizar mecanismos de evasión fiscal.
“El reciente caso Apple, en el que la Comisión Europea (CE) ordenó a las autoridades fiscales irlandesas recuperar 14,500 millones de dólares de Apple, en concepto de impuestos impagos, ha dirigido otra vez la atención hacia el fenómeno de la evasión fiscal por parte de las empresas transnacionales. En 2014 Apple pagó el 0,005% en concepto de impuesto corporativo sobre los beneficios registrados en Irlanda”.
En 2014 las autoridades fiscales de Luxemburgo aprobaron resoluciones especiales a las empresas transnacionales que les permite pagar menos impuestos en ese país. Algo similar ocurre con Starbucks en Holanda. En 2016, Bélgica le otorgó ventajas impositivas selectivas a por lo menos 35 empresas transnacionales.
En el caso de Irlanda, el gobierno de EEUU se puso del lado de Apple en contra de sus propios intereses. Al mismo tiempo, un “ejército de abogados y contadores se ha ocupado de crear agujeros en los códigos impositivos de todos los países donde operan esas empresas”.  La Unión Europea estima que la evasión impositiva por parte de las empresas le cuesta entre 75,000 y 100.000 millones de dólares  por año en impuestos perdidos. Según Oxfam EEUU, la evasión fiscal de las empresas transnacionales le cuesta a EEUU aproximadamente 150,000 millones de dólares por año, mientras que los países en desarrollo pierden 140,000 millones de dólares por año en concepto de impuestos que no se pagan.
En su libro The Hidden Wealth of Nations [La riqueza oculta de las naciones], el economista francés Gabriel Zucman señala que “el 55 por ciento del total de las ganancias de las empresas norteamericanas está hoy en paraísos fiscales”. El estudio Offshore Shell Games 2016, informa que las empresas del ranking Fortune 500 tienen en cuentas offshore casi 2,5 millones de millones de dólares en ganancias acumuladas.
“La existencia de reglas fiscales poco claras y una extrema concentración de la riqueza en oscuros paraísos fiscales, explica Gaidoni, implican que los ciudadanos de todo el mundo son privados de sus derechos económicos, sociales y culturales. Además, de sus derechos civiles y políticos, así como del derecho de ser informados y a participar en las decisiones políticas”.
Si las empresas transnacionales de origen norteamericano registran sus beneficios en varios paraísos fiscales, lo hacen para evitar pagar impuestos en EEUU. El estudio Offshore Shell Games 2016 revela que Apple registró 214.900 millones de dólares en cuentas offshore, de los cuales 65.400 millones eran impuestos al fisco de EEUU. ¿Por qué EEUU no toma medidas para combatir esto? Tiene los medios para hacer que las transnacionales paguen sus impuestos. ¿Por qué no lo hace?
Ecuador propuso crear un organismo intergubernamental en las Naciones Unidas para evitar los paraísos fiscales y para adoptar un instrumento vinculante para tratar con las empresas transnacionales que han violado derechos humanos. Según Gaidoni, “la conexión debería ser clara: Las empresas transnacionales pueden violar los derechos humanos de muchas maneras y la evasión fiscal es una de ellas”. Lastimosamente, los expertos de transparencia reunidos en Panamá no tocaron estos temas de fondo.
Cuando se habla de transparencia en estas conferencias, tanto las transnacionales que operan en la región como los paraísos fiscales en EEUU son intocables.
7 de diciembre de 2016.


Thursday, December 1, 2016

Fidel también le escribió a Trump


Cuando el presidente de EEUU, Barack Obama, visitó La Habana hace apenas unos pocos meses, sentía que cada uno de sus movimientos era seguido por la mirada atenta del comandante en jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro R. Al lado del líder cubano todos los aguerridos guajiros de la isla mayor de las Antillas estaban vigilantes.
Detrás de Obama hay una historia cincuentenaria de invasiones, asaltos, agresiones económicas y humanitarias que le han costado a los cubanos vidas, bienes y felicidad. Un total de 11 presidentes norteamericanos han hecho todo lo posible por acabar con la Revolución cubana. Incluso, antes del triunfo de la Revolución, durante 60 años, EEUU sometió a la isla a una especie de protectorado al servicio de las mafias que controlan el tráfico de ‘blancas’, de ‘drogas ilícitas’ y armas de guerra (aún activas en Norte, Centro y Sur América).
Fidel ha muerto, pero la Revolución sigue viva y es a través de este proceso que mueve a millones de cubanos y a miles de millones de mujeres y hombres en todo el mundo, que el comandante seguirá vigilante y su voz se escuchará por muchas generaciones por venir. Existe la falsa idea en Wall Street, y en las mentes de quienes explotan a los pueblos del mundo, que pueden derrotar a la Revolución cubana penetrando su economía con promesas de espejitos. A cambio de juguetitos, los cubanos deben entregar su soberanía a Washington y, de paso, el gobierno a los especuladores cubanos que ladran sin cesar desde Miami.
Durante su visita a La Habana, el presidente Obama dijo que, “vine aquí para dejar atrás los últimos vestigios de la guerra fría en las Américas. Vine extendiendo la mano de amistad al pueblo cubano”. Fidel le respondió “no, muchas gracias”, en una carta publicada posteriormente. El comandante cubano agrego que “no necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta”.
Obama abandona la Casa Blanca en apenas siete semanas. Se lleva con él su estilo de política exterior. En su lugar, aparecerá en Washington el actual presidente-electo, Donald Trump. Tiene un estilo totalmente diferente. El objetivo sigue siendo el mismo: Destruir la Revolución cubana. En vez de la llamada ‘política suave’, Trump inaugurará su estilo de ‘política dura’. Cuestionará todo lo hecho por Obama mediante ‘órdenes ejecutivas’ y amenazará con suspender las relaciones diplomáticas así como las pequeñas ventanas abiertas a los viajeros norteamericanos con destino a Cuba.
Definirá su comercio exterior – incluyendo inversiones en el extranjero – sobre la base de la lealtad política. Con Trump surge la pregunta si su política exterior será diseñada sólo para beneficiar a la fracción de la clase capitalista que controla el Congreso y las oficinas del poder ejecutivo. Puede también estar orientada a apoyar sus propios intereses como especulador.
En 1998, un consultor de Trump viajó a La Habana con una propuesta para abrir una cadena de hoteles, con casinos, clubes y acceso a playas. El gobierno cubano lo rechazó sin mayores consideraciones. ¿Estará el presidente-electo de EEUU pensando en negocios de este tipo? ¿Qué puede ofrecer a cambio? ¿Le pagará a Cuba los miles de millones de dólares que le debe por daños y perjuicios a la economía de la isla? ¿Piensa devolver la bahía de Guantánamo que ocupa ilegalmente? ¿Levantará el bloqueo contra la isla?
Trump le recuerda a sus amigos y enemigos, dentro y fuera de EEUU, que es un ‘dealer’. Es decir, un negociador. Se cree el mejor negociador del mundo. Al pueblo norteamericano le prometió que una vez en la Casa Blanca haría los mejores negocios para crear más empleo y hacer a “EEUU grande nuevamente”.
Fidel falleció, pero ya le recordó a Trump (cuando le escribió a Obama) que todos los cubanos no se olvidan del “bloqueo despiadado que ha durado ya casi 60 años”. Que  “nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este país renunciará a la gloria, a los derechos y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura”.
“Somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el imperio nos regale nada”.

1 de diciembre de 2016.

Thursday, November 24, 2016

Populismo de derecha derrota al establishment

El triunfo de Donald Trump y la derrota de Hillary Clinton en las pasadas elecciones presidenciales norteamericanas respondió a un cambio en la correlación de fuerzas al interior de la oligarquía de EEUU. La prolongada crisis del capitalismo y la ‘recesión secular’ que se inició en 2008 contribuyó al surgimiento de una clase trabajadora descontenta y frustrada que se alineó con la candidatura de Trump. La campaña del magnate de Manhattan fue directo al yugular de la poderosa clase capitalista financiera (establishment) identificada como la culpable de todos los males por los sectores sociales que se empobrecen cada vez mas.
La derrota de Clinton, sin embargo, no puede reducirse sólo a la nueva correlación de fuerzas. También se debe a errores cometidos por la ex secretaria de Estado en la campaña y en su subestimación de los cambios estructurales en estados claves de la unión norteamericana. Sus asesores estaban concientes de las debilidades de Clinton pero creían que los ‘arrebatos’ de Trump la darían el triunfo.
Clinton sabía que para ganar tenía que asegurar el comportamiento del electorado en 6 estados claves. El más importante era Florida y también Carolina del Norte. Las encuestas aseguraban su éxito. Además, apostaba que ganaría en los estados del cinturón industrial en decadencia (rust-belt) desde Pensilvania hasta Wisconsin, pasando por Ohio y Michigan. En total, los seis estados tienen 108 votos en el Colegio Electoral. El colegio tiene un total de 538 miembros. Para ganar se necesita una mayoría simple de 270 votos electorales.
Poco después de la medianoche del día de las elecciones, ya se conocían los resultados: Trump 306 votos electorales contra 232 de Clinton. La exsecretaria perdió los seis estados claves. En las elecciones de 2012, Barack Obama ganó cinco de esos estados. Con sólo haber ganado los estados de Michigan y Wisconsin (un total de 46 votos electorales) estaría preparando sus maletas para entrar a la Casa Blanca. Los perdió por márgenes muy estrechos. En Michigan perdió por un 0.4 por ciento (13 mil votos de un total de 4.7 millones). En Wisconsin perdió por 25 mil votos.
Si ganaba en Michigan y Wisconsin habría llegado a tener 286 electores y el pasaje seguro a su anhelada Casa Blanca. En el caso de Wisconsin estaba tan confiada que no visitó el estado durante toda la campaña presidencial. En Michigan – donde un republicano no ganaba desde Reagan en 1984 – sobre-estimó a la capacidad de sus capitanes sobre el terreno. Eran cuatro estados con una población obrera abrumadora que no se cuadró con Hillary.
¿Por qué? Su apoyo a las políticas neoliberales de flexibilización, externalización y de expansión imperial (guerras internacionales) no entusiasmó a los votantes que salieron en 2012 a apoyar a Obama. No fueron sólo los 48 mil votos en Michigan y Wisconsin que hundieron a Clinton. Fueron los centenares de miles de ciudadanos – desconfiados y frustrados con el establishment -  que derrotaron a Hillary y que de rebote le dieron el triunfo a Trump.
El área en que Trump genera más conflictos con el establishment y a escala global, es su política en torno al comercio exterior. Los trabajadores norteamericanos, en cambio, ven esta posición como la panacea y la solución a los problemas de desempleo. Clinton no leyó correctamente las cartas sobre la mesa. En cambio, Trump asumió el discurso populista: Nacionalista y proteccionista. Reconoce que EEUU ha perdido su poder de antaño, especialmente en el campo de la producción. Sin embargo, está seguro que el poder militar de EEUU puede compensar la declinación económica. Ya anunció que pondrá fin a los tratados comerciales que ha negociado EEUU en los últimos 20 años: desde NAFTA hasta el TTP. Tratará de llevar las relaciones con China a un terreno más favorable a los intereses de EEUU.
La gran masa de obreros ‘blancos’ golpeados por las políticas neoliberales y la ‘depresión secular’, se sienten seguros que las políticas de Trump la sacará de su actual miseria. Por otro lado, los afro-americanos sienten que Trump es un aliado de los ultra racistas asociados al Ku-Klux-Klan. Los ‘latinos’ sienten que el nuevo presidente iniciará una cacería contra los llamados migrantes ‘ilegales’.
La pareja de elefantes que se pasearán por el ‘Oval Office’ es Wall Street y el establishment. Tienen el ‘sartén por el mango’. Sin embargo, Trump ya demostró que puede llevarse el sartén sin preocuparse del mango.
24 de noviembre de 2016.

Thursday, November 17, 2016

Panamá y Donald Trump


Panamá y EEUU han tenido una difícil relación por más de siglo y medio. En forma creciente el istmo de Panamá se convirtió en una pieza fundamental en los planes de expansión de los capitalistas norteamericanos. La construcción del Ferrocarril Trans-ístmico (1850-1855) y el Canal de Panamá (1904-1914) fue estratégico en la consolidación del nuevo imperio que se extendía sobre un continente del océano Atlántico al Pacífico. Posteriormente, Panamá se convirtió en una enorme base militar para las guerras de EEUU contra Japón (1941-1945) y, después, contra Corea y Vietnam (1951-1975). Las bases en la antigua Zona del Canal también sirvieron para intervenir e invadir todos los países de América latina, convertido en el ‘patio trasero’ de EEUU.
En el transcurso de más de 175 años Panamá ha lidiado con decenas de gobiernos y sus ejecutivos. Los primos Teddy y Franklin Roosevelt, los Bush (padre e hijo), Jimmy Carter y Ronald Reagan son algunos de los mas recordados, para bien y para muy mal. Los presidente de EEUU han encabezado invasiones, golpes de Estado, han conspirado en magnicidios y se han burlado de los panameños.
El presidente electo, Donald Trump, aparece en el horizonte como un fenómeno político novedoso e impredecible. Para el mundo financiero, el empresario es una interrogante y su retórica contrario al mal llamado ‘libre comercio’ ha puesto a temblar las bolsas mercantiles en todos los continentes. El presidente Juan Carlos Varela, al contestar una pregunta sobre la elección de Trump, no logró hilvanar una respuesta coherente. El gobierno panameño todavía no tiene una política para enfrentar el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Washington tiene una política muy clara para Panamá desde la invasión militar de 1989. ¿Cómo compagina esta posición de EEUU sobre Panamá con las ideas de Trump? Es una pregunta cuya respuesta la conoceremos, en la medida en que comienzan a cuadrar (si cuadran) los objetivos de la política exterior de la nueva administración.
La política exterior de EEUU tiene tres objetivos en Panamá desde la invasión militar de 1989: En primer lugar, asegurar que el tránsito por el Canal no se interrumpa. Segundo, servir como eslabón en su política militarista a escala regional. Al mismo tiempo, ser útil en su política de “guerra contra las drogas”. Por último, desarrollar los lineamientos neoliberales del ‘consenso de Washington’, explícitos en el Tratado de Libre Comercio suscrito por ambos países. Políticamente, EEUU delegó en una pequeña elite panameña la responsabilidad de gobernar el país. La elite lo ha hecho bastante mal, especulando con los ingresos extraordinarios que genera la operación del Canal de Panamá, creando un déficit creciente y desestabilizando el régimen político con la creciente corrupción producto de la militarización. En 20 años arruinó el agro y la industria, destruyó los sistemas de salud y educación, y el sistema de representatividad política ha caído en manos de una mafia insaciable.
El presidente electo, Donald Trump, no tiene intereses personales en Panamá. (Sólo el nombre en uno de las torres hoteleras que adorna el sky-line de la capital). Hace 5 años Trump sí opinó sobre el Canal de Panamá y la manera en que culminaron las negociaciones (1977) que permitió su entrega al gobierno panameño.
En una visita de negocios a la ciudad de Panamá en 2011, Trump declaró que "a Panamá le va muy bien con el Canal, hay tantos trabajadores, hay tanto empleo. Pensar que estúpidamente EEUU le entregó el Canal a cambio de nada". Trump no hacía más que repetir lo que decía con insistencia el presidente Reagan después de que se firmaran los Tratados Torrijos-Carter (1977) hasta su muerte. Un ministro del gobierno panameño en 2011 predijo (con mucho tino) que lo que pretendía Trump con sus afirmaciones era lanzar su candidatura a la Presidencia de su país. De paso, el Consejo Municipal de la ciudad lo declaró persona non grata.
Siguiendo su lógica de campaña, Trump podría pedirle a Panamá que contribuya con parte de sus ingresos, por concepto de peajes del Canal, a la ‘guerra contra las drogas’ (aumentar la compra de armas a EEUU, construir más bases aéreo-navales con materiales norteamericanos y entrenar más efectivos represivos en las facilidades aún existentes de la Escuela de las Américas (Fuerte Bragg). También podría exigirle a Panamá que suprima los pocos aranceles que quedan para inundar el mercado con sus productos agrícolas (destruyendo definitivamente al agro panameño).

17 de noviembre de 2016.

Thursday, November 10, 2016

La CSS tiene que regresar al sistema “solidario”

Según los números que maneja la Caja de Seguro Social (CSS), la Asamblea de Diputados y, obviamente, el Presidente de la República, esta institución de los trabajadores panameños es la más rica del país. El presupuesto anual de la CSS supera los 5 mil millones de dólares.

A pesar de los enormes recursos que maneja, los asegurados no cuentan con las atenciones de salud mínimos, su capacidad administrativa es criticada a diario y – lo más extraño – sus directivos y los políticos señalan que en menos de dos lustros su programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) quebrará.  Es decir, los 245 mil pensionados que actualmente tiene la CSS quedarán sin protección alguna. Los actuarios calculan que para 2024 habrán más de 300 mil pensionados.
Hay un problema serio que debe ser resuelto con urgencia. La CSS recaudó por concepto de cuotas en el último ejercicio fiscal, un total de 1,750 mil millones de dólares, según su director. Además, tuvo ingresos significativos por otras partidas producto de sus gestiones administrativas. Esta cantidad, aparentemente, no es suficiente para cubrir las necesidades de los dos grandes programas de la CSS: IVM y Salud y Maternidad.
Hay que buscar las causas de este problema que ya está golpeando los cimientos de la institución. Conocemos el mal, ahora es necesario encontrar la solución. Hay tres causas. Uno grande: 1. La Ley 51 de 2005 que desvió las cuotas de todos los nuevos asegurados a compañías aseguradoras privadas. Dos menos graves: 2. El desgreño administrativo y 3. La corrupción que constituye un fardo cada vez más pesado que cargan los asegurados y el país. 
Veamos primero la causa más grande del descalabro. Según los directivos de la CSS, “el IVM cuenta con dos sistemas de pensiones, uno es el antiguo sistema de beneficio definido (solidaridad) y el otro con cuentas individuales o subsistema mixto, creado por la Ley 51 de la CSS”. ¿Qué quiere decir esto? El sistema solidario funciona sobre la base de los aportes que hacen los asegurados que se suman al sistema de pago de cuotas. Cada generación apoya a la anterior. Con la ley que se aprobó en 2005, los nuevos asegurados no contribuyen a la Caja para cubrir las pensiones de los asegurados más viejos.
Si el sistema de pensiones que descansa sobre la solidaridad no tiene ingresos, ¿cómo cubrirá las necesidades de los trabajadores pensionados? Los fondos que tenía en 2005 y algunos adicionales deberán cubrir las demandas de los asegurados en el sistema solidario hasta ‘el último pensionado’ que en teoría se moriría en 2060. Imposible.
Quienes concibieron y aprobaron la Ley 51 de 2005 sabían muy bien las consecuencias de esta pieza legislativa nefasta. La promovieron pensando en dos objetivos: Primero, beneficiar a los especuladores capitalistas que recibirían los aportes de los asegurados en el nuevo sistema de ‘cuentas individuales’. En buenas cuentas, es un despojo. Segundo, los legisladores en 2005 calcularon que los gobernantes tomarían una medida ‘heroica’ antes del colapso del IVM. Por ejemplo, podrían crear una partida especial para los asegurados despojados en el presupuesto nacional o destinar una parte de los peajes del Canal de Panamá al programa del IMV para cubrir el déficit.
En segundo lugar el desgreño ha sido implacable. En  los primeros seis meses de 2016, la CSS tenía un presupuesto para la compra de medicamentos de $369 millones. Sólo utilizó $188 millones, es decir, el 51% de los recursos asignados.
Nadie sabe cual es la situación financiera de la institución desde hace tres años. Un directivo dijo que “se requiere tiempo para conocer la situación financiera de la entidad, la cual en este momento está siendo evaluada”.
En tercer lugar, la corrupción ha hecho millonarios a unos pocos. Por un lado, la malograda construcción de la Ciudad de la Salud ha sido un fiasco, Mejor sería convertir esa estructura en el Cuartel Central de la Policía Nacional. En el gobierno anterior la corrupción fue rampante. En los primeros 18 meses de gestión la CSS sumó a la planilla 2,177 funcionarios. Un incremento casi del 10 por ciento de los empleados. Además, la CSS aumentó los gastos en casi el 15 por ciento sin tener los ingresos.
Es urgente reformar la Ley Nº51 de 2005 y regresar al sistema solidario. Además, hay que acabar con el desgreño administrativo y la corrupción rampante.

10 de noviembre de 2016.

Thursday, November 3, 2016

República y proyecto de Nación: Pasado y futuro

 Hay una pregunta de fondo: ¿Contribuyó la creación de la República - el 3 de noviembre de 1903 - al proyecto de nación de los panameños? La respuesta a la pregunta no la podemos encontrar en el estudio de los personajes o sólo en los textos existentes sobre los acontecimientos de aquella fecha. Es necesario someter a un exhaustivo examen la historia centenaria de la República para determinar si hemos avanzado en la consolidación de nuestro proyecto de nación o si, por el contrario, nos hemos estancado o si hemos retrocedido.

En el caso de Panamá, el 3 de noviembre de 1903 existía un grupo de panameños decididos a hacer realidad un proyecto de país que le permitiera a esa elite tomar plena posesión de la ruta de tránsito y disfrutar de su enorme potencial económico. Hemos usado el término “proyecto de país” y no proyecto de nación, ya que no está muy claro si estas eran las intenciones de los próceres. Ricaurte Soler calificaría a este grupo social separatista como “clase antinacional”.
El proyecto de emporio comercial de los conspiradores del 3 de noviembre fracasó. EEUU tomó posesión de la posición geográfica y de la ruta de tránsito. Pero los ‘próceres’ dejaron las bases para construir la República. Otros grupos sociales iniciaron la lucha por la recuperación de la “soberanía” perdida y por el ‘proyecto de nación’. Así lo entendió Diógenes de la Rosa, quien le planteó al país la necesidad de dejar atrás las pequeñeces del debate en torno al 3 de noviembre y que comenzáramos todos a construir la nación panameña. Con más pesimismo, también lo planteó Roque Javier Laurenza.
En más de cien años de República hay que preguntarse nuevamente, como lo hicieron De la Rosa y Laurenza: ¿tenemos la capacidad para dirigir a un pueblo dispuesto a caminar hacia la consolidación de un proyecto de nación? La respuesta es afirmativa. Por un lado, persisten las dudas sobre las circunstancias que marcaron el nacimiento de la República el 3 de noviembre de 1903. Por el otro, hay que decir con claridad y fuerza que en los cien años de República se han despejado las dudas sobre la existencia de un pueblo panameño que impulsa un proyecto de nación en permanente proceso de construcción.
Hay que mencionar tres hitos en la lucha por constituir el proyecto de nación de los panameños. En primer lugar, el rescate de la República producida por los liberales populares encabezados por Belisario Porras. La alianza entre el arrabal de Santa Ana y los pequeños agricultores de Azuero le dieron vida nacional al país y recompusieron los pedazos dejados por el fracaso de los conspiradores de 1903. En segundo lugar, la reincorporación a la nación por parte de la llamada pequeña burguesía de Acción Comunal y el liderazgo posterior de su caudillo Arnulfo Arias.
Tercero, el populismo de Omar Torrijos que creó un amplio abanico social que incluyó a la clase obrera, las organizaciones campesinas y los empresarios nacionales. Las luchas estudiantiles y la gesta del 9 de enero sirvieron de antecedente e inspiración para que la alianza populista recuperara la soberanía perdida.
La alianza de estas cuatros clases sociales – empresarios nacionales, capas medias, obreros y campesinos – le permitió a la nación negociar el fin de la colonia norteamericana en territorio panameño, la evacuación de las bases militares y la transferencia del Canal. 
No existe, en la actualidad, claridad sobre qué grupo social debe encabezar el país. La alianza entre las cuatros clases sociales que logró negociar con éxito los Tratados Torrijos Carter parece haberse desvanecido. Los campesinos y obreros, que identificaron su proyecto de nación, se encuentran a la defensiva. Los empresarios han perdido el ímpetu y, a la vez, el discurso nacionalista que los caracterizó durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Regresaron al poder, a fines del siglo XX, los conspiradores del 3 de noviembre de 1903, sin proyecto de nación, protegidos por las bayonetas norteamericanas.
Este grupo, formado por conspiradores y especuladores, toma decisiones sobre el país, sin proyecto de nación. Sus flancos están abiertos a los ataques tanto externos como internos. En este 3 de noviembre corresponde a los panameños reflexionar no sólo sobre el pasado de la República, sino también sobre el futuro de la Nación.
(Versión modificada de artículo publicado en La Universidad, N°14, noviembre de 2004).

3 de noviembre de 2016.

Thursday, October 27, 2016

Peligro de colisión entre Panamá y EEUU


Los intereses del centro financiero norteamericano, asentado en Manhattan, con sus ramificaciones globales, así como los intereses políticos de Washington, no son ajenos a las publicaciones que aparecen con regularidad en el diario The New York Times (NYT). Panamá y los demás países del mundo son caricaturizados sistemáticamente por el establishment que persigue mistificar y tergiversar sus oscuras operaciones financieras que sub-desarrollan cada vez más a los pueblos del mundo.
Hace poco la USAID (agencia del gobierno norteamericano) y otros destacaron los ‘papeles’ de la firma de abogados Mossack-Fonseca con sede en la ciudad de Panamá. Después el Departamento del Tesoro de EEUU sacó a relucir las sospechas en torno al grupo económico Waked que fue incluido en la ‘Lista Clinton’. Más recientemente, NYT sacó todos los trapos sucios de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y de la ampliación del Canal de Panamá (y de paso del país). 
El artículo está lleno de 'medias verdades'. Es la misma mano institucional que redactaba las notas del  NYT atacando a Noriega (1987-1989), contra la política internacional de Torrijos, sobre la insurrección estudiantil en enero de 1964 y podemos seguir acumulando ejemplos que se remontan al siglo XIX.
El artículo que aborda las contradicciones que caracterizaron la ampliación del Canal pretende disminuir la importancia de la ampliación del Canal de Panamá y aprovecharse de las debilidades que rodean la magna obra. Para comenzar, el grupo que ganó el contrato para la construcción de las esclusas. Para terminar, la composición de la junta directiva de la ACP de dudosa reputación. Pasando por las dudas sobre la ingeniería de las nuevas esclusas. Entre medio, todos los rumores que circulan entre los trabajadores que le dan un sabor picante a la presentación periodística del NYT.
Los banqueros de Wall Street, que siguen sintiéndose dueños de la vía interoceánica, enfrentan grandes competidores tanto en el plano global como en el Istmo. Este último muy debilitado, casi fuera de combate. En primer lugar, la comunidad internacional quiere ver un Canal capaz de satisfacer las demandas comerciales de los países de las cuencas de los dos océanos más grandes del mundo. Ocupa la vanguardia en este sentido el segundo usuario más importante de la vía interoceánica: la República Popular China. Sus exportaciones (precisamente a EEUU) dependen en casi un 25 por ciento del Canal de Panamá.
El otro es el gobierno panameño, ausente e incapaz de enfrentar con algo de inteligencia (información) la ofensiva de EEUU. Panamá fue invadida militarmente por EEUU en 1989 y desde entonces no tiene autonomía alguna frente a las políticas de Washington. 
Si la elite panameña no reacciona con inteligencia a los ataques norteamericanos a corto plazo, tendrá que enfrentar una crisis similar a las muchas conocidas en los últimos 160 años de historia. Las crisis representan peligros (riesgos) pero también oportunidades. ¿Qué oportunidades puede aprovechar Panamá?
Hay varias salidas a la encerrona que monta EEUU contra Panamá y su oligarquía inoperante y de paso a todos los panameños. La primera es que algún sector - la elite parece no tener esa capacidad - pueda unir a los diferentes sectores sociales del país en torno a un objetivo claro y preciso que identifique un proyecto nacional. 
La segunda, es reunir a los países de la región en una conferencia o alianza que someta a un análisis cuidadoso las relaciones entre Panamá y EEUU. Estrategia parecida a la ‘vía torrijista’. O la propuesta  por el libertador Simón Bolívar en 1826, quien convocó en la ciudad de Panamá el congreso anfictiónico con plenipotenciarios de todas las repúblicas recién independizadas. 
Tercero, llevar el problema (con la inteligencia que lo sustente) a la ONU donde países como China y otros tendrían una voz que le permitiría a Panamá enfrentar a EEUU con algo más de oportunidades que en el presente. 
Los norteamericanos y su portavoz, el NYT, saben que la oligarquía panameña está dividida y en esta coyuntura se pelean los pingües negocios del puerto de Corozal en la entrada sur del Canal. La miopía sólo les permite ver el brillo del oro que representan las tierras que colindan la vía acuática. No se percatan que existe todo un país y su población deseosa de trabajar y construir una nación que beneficie a las futuras generaciones. La oligarquía tiene que ceder su lugar frente al timón antes que sea muy tarde.
27 de octubre de 2016.


Wednesday, October 19, 2016

El MIREN se prepara para la batalla de 2019

El Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN) anunció que participará activamente en las elecciones generales de 2019. La organización política celebró una Asamblea con la participación de delegaciones provinciales, sindicales, gremiales y estudiantiles de todo el país. En 2014 el MIREN apoyó la candidatura por la libre postulación de Juan Jované, profesor de Economía de la Universidad de Panamá.

La Asamblea eligió al profesor Jované como secretario general del MIREN. La directiva cuenta con coordinadores de Organización, Finanzas y Propaganda y Formación. También tendrá secretarías que coordinarán con los sectores sociales y provinciales.
Durante el acto, Jované hizo un extenso análisis de la realidad nacional señalando que los últimos gobiernos han logrado hundir cada vez más el país en una situación que aparentemente es irreversible. Económicamente, los sectores populares se empobrecen al mismo tiempo que los más ricos se enriquecen cada vez más. Presentó pruebas contundentes sobre la creciente desigualdad que experimenta la población del país.
La ruina de la agricultura y del sector industrial tiene que ser enfrentado con políticas serias que pongan fin al robo descarado de las arcas nacionales. No se rinden cuentas sobre los 20 mil millones de dólares que ha aportado la operación del Canal de Panamá al fisco nacional en los últimos 15 años. Estos recursos y otros - bien invertidos con un plan de trabajo – pueden convertir a Panamá en un modelo de desarrollo y bienestar que beneficie a todos los panameños y no sólo una minúscula minoría.
Jované también se refirió al colapso del sistema educativo y a la corrupción que corroe las instituciones de salud y de seguridad social. Destacó la preocupación legítima de la ciudadanía en torno a la inseguridad en las ciudades y en el interior.
El profesor Raúl González, miembro fundador del MIREN y secretario de organización, denunció las reformas electorales que pretenden aprobar en la Asamblea de Diputados los partidos políticos tradicionales. Las propuestas que benefician a la clase dominante deben ser rechazadas, dijo Gonzáles.
La Asamblea tuvo oportunidad de debatir todas los puntos presentados por Jované y González. Con relación a la seguridad social todos plantearon la necesidad de rescatar la Caja de Seguro Social (CSS) de los malos políticos que están al servicio de la oligarquía panameña. Hay que regresar al sistema solidario que garantiza la salud financiera de la institución que beneficia a casi tres millones de asegurados.
Todos plantearon la urgencia de crear un sistema de salud que atienda a toda la población sin discriminar a los más pobres. Jované denunció la política desarrollada en los últimos 25 años que ha abandonado los planteles educativos y empobrecido a maestros y profesores.  
La Asamblea aprobó la propuesta de Jované de convertir al MIREN en un ‘instrumento político’ para competir en las elecciones de 2019. Si el MIREN llega al poder planteará la transformación del país y, especialmente, las instituciones políticas presas en las redes de la corrupción. Hay que erradicar la corrupción para que los panameños sientan seguridad en sus hogares y comunidades. Igualmente, hay que ejecutar un plan de desarrollo nacional para que los enormes recursos del gobierno se inviertan en actividades productivas en beneficio de todos los panameños. Todas las formas de discriminación tienen que ser superadas para que las mujeres gocen de los mismos derechos y que todos los grupos sociales tengan las mismas oportunidades. El MIREN acordó convocar a una Asamblea extraordinaria para tratar la cuestión indígena y rechazar los engaños de la oligarquía en su trato de los pueblos originarios.
El MIREN se pronunció a favor de la realización inmediata de una Constituyente originaria. Rechazó las propuestas de los sectores más retardatarios que quieren eliminar el Código de Trabajo, privatizar la CSS y vender las tierras colindantes del Canal de Panamá. Las delegaciones de las provincias de Coclé, Colón, Chiriquí y Veraguas denunciaron los abusos del gobierno nacional en materia de ambiente, políticas sociales y la falta de inversiones productivas.
La Asamblea aprobó una resolución apoyando a la activista ambiental, Ligia Arreaga, quien tuvo que abandonar el país por encontrar su vida en peligro tras ser amenazada por terratenientes que quieren apropiarse del humedal Matusagaratí, en Darién. El gobierno nacional no actúa en defensa de Larissa Duarte, quizás porque sus miembros están en colusión con los depredadores.
El MIREN reiteró su compromiso de luchar por una verdadera democracia, popular, incluyente y participativa, para todos.

20 de octubre de 2016.

Thursday, October 13, 2016

La oligarquía entierra la paz en Colombia

Colombia es como una caja de Pandora. Cuando se abre no se sabe que saldrá. O, más bien, no se hacen los estudios previos para predecir las consecuencias de las decisiones que se toman. Hace apenas dos semanas los colombianos rechazaron un acuerdo de paz negociado durante 4 años entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La derrota de la alternativa que favorecía la paz fue apenas por 60 mil votos, el 0.5 por ciento del voto popular. El 63 por ciento de los colombianos aptos para votar prefirieron abstenerse.

Los datos arrojados por las elecciones permiten llegar a una primera conclusión sobre los resultados que sorprendieron a los más incautos y a los observadores internaciones interesados. La abstención es una muestra de desconfianza hacia el gobierno central de Bogotá. La campaña por el voto SI era para Santos y el voto NO era abanicado por Uribe. Es decir, el establishment bicéfalo: el presidente Santos y el expresidente Uribe. En términos electorales fue un voto ‘castigo’.  La mayoría de los colombianos no querían saber ni del uno ni del otro.

Santos apostaba, de ante mano, a su premio Nóbel de la Paz. En cambio, Uribe convirtió la convocatoria a las urnas en un referéndum contra las FARC. No hay duda que para la oligarquía (establishment) ‘cachaco’,  la correlación de fuerzas para determinar la distribución de la riqueza colombiana es más importante que la guerra o la paz.

Las FARC, a su vez,  después de 52 años de lucha guerrillera (desde su fundación en 1964) en los bosques húmedos de las montañas colombianas, calculan que pueden convertirse en una opción democrática para el país. Tienen que tener en cuenta la derecha salvaje representada en este momento por Uribe, que recurre a cualquier arma para mantener el orden oligárquico. Igualmente importante es la abstención de millones de colombianos quienes hay que incluir en la ecuación política

¿Por qué no pudieron los colombianos afianzar el voto por la paz? En un lúcido análisis, Jorge Gallego hace su análisis de los resultados del referéndum.  En primer lugar, “empezando con la coyuntura,  Santos se la jugó por la paz, convirtió al proceso en su principal caballo de batalla. Pero su gobierno es impopular y su coalición política se encuentra fragmentada”. Allí tenemos dos elementos que contribuyeron al fracaso: Santos es impopular y su ‘coalición’ está fragmentada.
Según Gallego, en torno a la campaña, el gobierno se dividió en dos campos. Los dos con miras a las elecciones presidenciales de 2018. Por un lado, el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Por el otro, Humberto de la Calle, apoyado por la ‘casa’ Gaviria. Según esta versión, el expresidente César Gaviria es el padrino de De la Calle y lo colocó como jefe negociador del gobierno en las conversaciones con las FARC.  Ante este panorama, “el actual vicepresidente Vargas nunca se la jugó de lleno por los acuerdos. No lo hizo porque sabe que el triunfo del proceso es una amenaza a su candidatura. Prefirió dedicarse a su propia agenda política. Su distanciamiento fue tan notorio, que el propio presidente lo exhortó a pronunciarse a favor de la paz a tan solo un mes del plebiscito”.
La división de la alianza gubernamental le pasó una factura al presidente Santos que los promotores del Sí hoy lamentan. El vicepresidente Vargas Lleras tiene su base electoral en la región de la costa del Caribe. “Un potencial electoral de casi 8 millones de votos, que representan el 21 por ciento del caudal electoral del país. La abstención en el referéndum fue del 73 por ciento en la región frente a un 63 por ciento en el resto del país”. Algo falló, sin duda. Le costó el referéndum a Santos y a los seguidores del Sí. La región del Caribe, tradicionalmente liberal y partidaria del Sí, en su mayoría, en caso de haber votado en mayores proporciones hubiese podido contrarrestar el resultado, adverso de casi 60.000 votos. Pero es evidente que en su pelea interna con la Casa Gaviria, el vicepresidente Vargas no tuvo incentivos para aceitar su maquinaria y llevar a estos votantes a las urnas”.

¿Podrán las FARC enfrentar con algún grado de éxito político las divisiones internas de la oligarquía colombiana y sus fracciones ‘cachacas’, antioqueñas y costeñas, entre otras? Gallardo recomienda una relectura de García Márquez.


13 de octubre de 2016.

Saturday, October 8, 2016

Flores: La universidad y la investigación científica


El nuevo rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, asumió su cargo el fin de semana pasado comprometiéndose a promover la investigación científica en la primera casa de estudios del país. Es un paso importante que urge tomar tanto para cumplir con las demandas del país como para garantizar la formación de profesores y estudiantes.
Según el rector Flores, “a la investigación le daremos prioridad institucional, mediante una consultada definición de las líneas estratégicas de mayor impacto, mayores recursos económicos y un nuevo modelo de gestión”. El nuevo rector define el compromiso como aquel que construye el puente necesario entre la Universidad y el proyecto de nación. “A través de la investigación se generan y aplican los conocimientos para dar respuesta a los problemas nacionales”.
También destaca la falta de un plan de desarrollo nacional de los gobernantes. Señala que “es indispensable crear conciencia a nivel gubernamental y empresarial sobre la importancia de la investigación para el desarrollo del país, lo que requiere una inversión de más recursos económicos”. La primera barrera que encontrará la Universidad para promover la investigación científica es precisamente la dirección gubernamental. Hace poco la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) protestó por el recorte de su presupuesto por parte de la Presidencia.
Flores anuncia una reforma al reglamento de investigación, para que la incentive y, a la vez, estimule el ingreso de nuevos investigadores con doctorados. Hay evidencia suficiente para afirmar que una reforma es insuficiente. Hay que transformar la visión que se tiene de la investigación. De una práctica individual, que desarrollan algunos universitarios con inclinación científica, la investigación en la Universidad tiene que convertirse en una política institucional. La Universidad como institución tiene que investigar sobre la base de un plan, un objetivo y metas muy bien definidas.
La Universidad tiene que comprometer la totalidad de su estructura académica a la investigación. Desde la base institucional, que son sus Departamentos, la investigación tiene que transformarse en su razón de ser. Los profesores que se integran a los departamentos de la Universidad tienen que ser investigadores.
El rector Flores mencionó en su discurso la importancia del Banco de Datos de los departamentos. Es mediante concursos que entran los profesores a los departamentos. Cada profesor debería probar su capacidad investigativa para ser aceptado entre los catedráticos. Son los resultados de estas investigaciones realizadas en un marco institucional, la medida de la capacidad del profesor. La nueva generación debe orientar sus carreras sobre la base de las investigaciones que están realizando sus profesores, sin menoscabar la formación teórica  mediante el intercambio y debate entre estudiantes y profesores.
El rector Flores anunció “un Congreso Nacional Universitario para febrero con la participación de representantes de todos los estamentos”. Es en esta instancia que pueden estudiarse las transformaciones que requiere plantearse la Universidad para convertir la investigación en la columna central de su gestión académica. El rector anunció que el 10 por ciento del presupuesto universitario será “destinado exclusivamente a la investigación”. Es una iniciativa que merece el apoyo de todos. Sin embargo, no será suficiente para solucionar el problema. Es decir, Panamá necesita una institución del más alto nivel dedicado a la investigación. Este objetivo se puede lograr mediante la transformación de la estructura de la institución. Estas transformaciones pueden discutirse en el Congreso anunciado.
La Universidad de Panamá tiene una larga historia de luchas y compromiso con el proyecto de nación de los panameños. De manera planificada y premeditada, formó a los cuadros gubernamentales que consolidaron las instituciones gubernamentales (1935-1950). También fue la responsable de formar – de manera planificada - a todos los científicos que trabajaron en el proyecto de industrialización mediante la sustitución de importaciones (1945-1970). Este proyecto fue abandonado por las políticas de ajuste (neoliberalismo) de los gobiernos a partir de la década de 1980. Igualmente, la Universidad promovió la formación de los científicos sociales que participaron en los proyectos desarrollistas de la década de 1970. La invasión norteamericana enterró en forma definitiva los planes de desarrollo.
La Universidad de Panamá fue víctima de la invasión militar norteamericana de 1989. Los representantes del régimen que emergió, abandonaron el proyecto de nación y se dedicaron a acaparar las rentas que genera la posición geográfica del país. La casa de Méndez Pereira tiene ahora la oportunidad de recuperar su rol de ser la “conciencia crítica de la nación”.

6 de octubre de 2016.

Thursday, September 29, 2016

La desigualdad social y ‘la revolución cultural’

¿Pueden las ciencias sociales mitigar la desigualdad y sus amenazas? Mientras que en Panamá las políticas públicas siguen creando más desigualdad social (venta de las tierras de la antigua Zona del Canal o áreas revertidas, desmantelamiento de la Caja de Seguro Social (CSS) y otras iniciativas), las instituciones globales alertan sobre la amenaza de la creciente desigualdad social. Según el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales de 2016, “diversas evaluaciones han llegado a la conclusión de que el 1% de la población mundial concentra en sus manos casi la mitad de la riqueza poseída por el conjunto de las familias del planeta. También afirma que las 62 personas más ricas del mundo poseen por sí solas tantos bienes como la mitad más pobre de la humanidad”.

El Informe Mundial nos dice que “la desigualdad puede poner en peligro la sostenibilidad de las economías, sociedades y comunidades”. En el caso de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha ‘lotificado’ las áreas revertidas que rodean el Canal de Panamá y está vendiendo las parcelas a granel. Los bancos locales están promoviendo la división de la CSS en varias entidades para manipularla mejor según los intereses de los monopolios (no el mercado).
El comité científico que elaboró el Informe estuvo encabezado por el economista norteamericano, Joseph Stiglitz. El mismo que abandonó la comisión creada por el gobierno panameño para analizar la corrupción asociada al escándalo de los papeles de Mossack-Fonseca. Lo primero que detectó Stiglitz, en el caso de Panamá, es la falta de transparencia que existía en la misma comisión creada por el gobierno panameño. Cuando le pidió al gobierno más claridad se lo negaron. Como consecuencia renunció junto con otro comisionado.
En el caso del Informe Mundial sobre Ciencias Sociales, Stiglitz tuvo mejor suerte. Su Comité pudo presentar los resultados de la investigación al parlamento sueco la semana pasada. El Informe hace énfasis en que la desigualdad no es sólo económica. Indica que son muy pocos los países que investigan las repercusiones que puede tener a largo plazo la desigualdad social.
Hay conciencia sobre el “problema que representa el aumento de la desigualdad y la manera en que ésta se debe abordar”. A pesar de ello es poco o nada lo que se hace. “La reducción de la desigualdad es ante todo una cuestión de equidad y justicia social. Es también fundamental para erradicar la extrema pobreza, impulsar las transformaciones propicias para el desarrollo sostenible, promover el progreso social, reducir los conflictos y la violencia”. El Informe afirma que “ha llegado la hora”, hay que escuchar las voces de quienes son perseguidos, excluidos y reprimidos.
Comencemos conociendo mejor el país. En primer lugar, Panamá no tiene una economía competitiva y el mercado ‘nacional’ ha sido destruido por las políticas públicas de las últimas dos décadas. Al igual que la economía mundial, desde antes de la invasión militar norteamericana, la economía panameña se caracteriza por ser ‘oligopólica’. Es decir, todas las decisiones las toma un pequeño grupo que controla la economía, la política e, incluso, los resortes ideológicos.
En segundo lugar, desde el punto de vista político, estos intereses se expresan a través de partidos que se reparten los espacios gubernamentales que distribuyen las rentas que obtiene la posición geográfica del país. El tributo que los grandes países usuarios de nuestra posición geográfica le pagan al país ronda entre 10 y 12 mil millones de dólares. Cerca de 5 mil millones van directamente al bolsillo de los rentistas.
El Informe concluye que “la investigación en ciencias sociales puede contribuir a afrontar el reto de las desigualdades en la construcción del conocimiento. Esas desigualdades afectan los tipos de conocimientos producidos, a sus productores y a los sitios donde se producen. También comprenden las disparidades en el acceso a los conocimientos y la tendencia a dar prioridad a determinadas disciplinas”.
En Panamá se requiere de una ‘revolución cultural’ para alcanzar el objetivo señalado por el Informe. En la actualidad, se invierte el 0.2 por ciento del producto interno bruto en investigación científica. Una fracción de esa cantidad se destina a las ciencias sociales. Habría que comenzar revolucionando a la Universidad de Panamá convirtiéndola en una institución de investigación. Además, hay que transformar el sistema educativo del país para que cada niño que entra a la escuela tenga un programa para llegar a ser ingeniero cuando culminan sus estudios.

29 de septiembre de 2016.

Thursday, September 22, 2016

Pedreschi: “Canal propio, canal ajeno”


Hace más de 40 años, las Ediciones de la Revista Tareas publico Canal propio vs Canal ajeno, de Carlos Bolivar Pedreschi. El autor acaba de publicar la tercera edición con un prólogo de Mario Galindo H. En su momento, 1973, el trabajo fue de inmensa importancia ya que sintetizaba lo que Panamá tenía que poner sobre la mesa de negociaciones con EEUU. Sigue siendo de enorme valor porque señala cuales son las tareas no cumplidas a pesar de las cuatro décadas que han pasado.
En el libro, Pedreschi puntualiza con claridad que era lo que el pueblo quería en torno al futuro de la posición geográfica privilegiada de Panamá y del Canal de Panamá. Ya habían pasado 70 años de ocupación colonial en la Zona del Canal, igual número de años de presencia militar con una creciente militarización del istmo y un Canal ajeno que no respondía a las necesidades de desarrollo nacional.
En primer lugar, Pedreschi señala que la antigua zona del Canal tenía que desaparecer. En segundo lugar, todas las bases militares tenían que ser evacuadas. Finalmente, el Canal tenía que pasar a ser administrado por el gobierno panameño. En 1977, cuatro años después de la publicación del trabajo, se cumplieron los tres objetivos en el Tratado del Canal ‘Torrijos-Carter’. ¿Era el abogado Pedreschi un clarividente? Evidentemente, no era el caso. Sin embargo, analizó lo que quería el pueblo panameño y para lo cual estaba dispuesto a luchar. Las jornadas nacionalistas de las décadas de 1940 y 1950 culminaron el 9 de enero de 1964 y desataron la crisis política de 1968 que precipitó el golpe militar. En 25 años –  entre1943 y 1968 -  Panamá se había transformado y Pedreschi lo capta en su libro.
Pedreschi no lo expresó en forma explícita, pero está presente en el libro, la lucha sin descanso entre dos clases que se enfrentaban (y siguen enfrentadas) por la hegemonía en el país. Planteó que “subyacen en el subsuelo mismo de las negociaciones… lo que podríamos llamar el criterio histórico y el criterio práctico”. Es decir, por un lado, una clase social con una visión de país, con un “criterio histórico” que es el producto de largas luchas desarrolladas a lo largo de por lo menos dos siglos y medio. Por el otro, una clase social con intereses de muy corto plazo, basados en un “criterio práctico”.
Pedreschi supo distinguir, por un lado, “los objetivos históricos de la nación panameña… la aspiración final y escencial” de los panameños”. Por el otro, “lo que podemos conseguir de modo inmediato (de EEUU)”. Es decir, “conseguir lo que EEUU buenamente quiera reconocerle a Panamá”.
Hacer esta distinción clasista no se refiere únicamente a la cuestión del Canal de Panamá. Según Pedreschi, estas diferencias “han estado presente también dentro de nuestra política interna”. En el escrito de 1973, meses después de reiniciadas las negociaciones entre el gobierno militar de Torrijos y la Casa Blanca de Richard Nixon, Pedreschi deja muy clara cuál debe ser la posición de Panamá. Insiste en que el Canal debe ser panameño, que las bases militares deben evacuarse y la llamada ‘Zona’ debe desaparecer.
En 1973 Pedreschi veía unas largas negociaciones entre Panamá y EEUU. La razón era sencilla: EEUU es un país colonialista y no tenía la menor intención de abandonar sus conquistas territoriales en el corazón de Panamá. El autor sostuvo – correctamente – que Panamá no debería firmar tratado alguno que conservara el status quo o, peor aún, que hiciera más concesiones (como el nefasto ‘Tratado 3 en 1’ de 1967 que impulsó la clase con ‘criterio práctico’).
En el libro que se edita por tercera vez, no aparece la historia de los últimos cuatro años de negociaciones en torno al Canal de Panamá. Pedreschi plantea los objetivos y pronostica un largo proceso de negociación. ¿Qué permitió que las negociaciones incluyeran todo lo que estaba en la agenda de Pedreschi y que se acortara el tiempo? Hay dos elementos – en mi opinión – que lo explican. Por un lado, la guerra de Vietnam y la campaña electoral de Jimmy Carter (1976) que prometió recortes en los gastos militares. Por el otro, a las negociaciones se sumó la presión de las clases con un proyecto nacional. La ‘ventana’ de oportunidad en Washington y la movilización popular en Panamá le permitió a Torrijos navegar hasta alcanzar el Tratado que proponían quienes tenían un ‘criterio histórico’.

22 de septiembre de 2016.

Thursday, September 15, 2016

“El uso más colectivo” y un plan de desarrollo nacional

La política neoliberal – “primero los negocios” – asomó su cabeza en la entidad que administra la vía interoceánica: la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Siguiendo el patrón sentado por la corrupción en las políticas de seguridad, salud, obras públicas y las demás, salió a relucir un contrato de la junta directiva de la ACP que beneficia a un grupo de empresarios y pone en peligro el futuro de la vía acuática.

En 1977 el general Omar Torrijos, jefe de Gobierno panameño de aquel entonces, manifestó que la transferencia del Canal y la desaparición de la antigua Zona del Canal, tenía que beneficiar al país para lo cual había que darle "el uso más colectivo posible". Es decir, todos los sectores sociales tenían que beneficiarse de esta conquista producto de las luchas libradas por varias generaciones panameñas.
En 1996 los gobernantes de turno, que se decían herederos de Torrijos, transformaron radicalmente el objetivo señalado dos décadas antes. La nueva concepción desplazó a un segundo plano el rol de la Nación panameña como guía de los procesos de recuperación de las áreas revertidas y de la política relacionada con el Canal. El objetivo que se impuso a partir de la década de 1990, que recoge el Plan general de uso de las áreas revertidas, de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), estableció "el mercado como la herramienta fundamental para determinar la asignación de recursos".
Según este enunciado, el mercado y no la Nación panameña determinaría el futuro curso de las áreas revertidas y del Canal de Panamá. Las dificultades que enfrenta esta propuesta, la inestabilidad política que provoca esta noción ideológica y los obstáculos que representa para rescatar los objetivos históricamente identificados con las luchas nacionales son obvios.
Desde la creación de la ACP fue blindada para evitar que la política partidista penetrara la estructura de sus decisiones. Incluso, se incorporó un Capítulo en la Constitución de la República para proteger la administradora del Canal. El objetivo que perseguía el blindaje, sin embargo, no era para evitar la ‘politiquería’. Más bien era para promover los negocios de los rentistas y especuladores que se apoderaron de la directiva de la ACP.
Hasta la fecha, existe un divorcio entre las actividades del Canal y el desarrollo del país. Mientras que el primero prospera para un pequeño grupo de empresarios, el resto del país pareciera retroceder: El agro colapsó, la industria desapareció, la pesca se ahogó y la minería pretende acabar con el ambiente. Las cifras son elocuentes. El crecimiento del sector marítimo y sus diversas actividades (especialmente el Canal), han crecido a una tasa promedio anual de dos dígitos en los últimos 15 años. En cambio, el resto de la economía está estancada y crece a un promedio del cero por ciento al año.
Los rentistas que controlan el gobierno panameño desde la invasión militar norteamericana de 1989, siempre han visto el Tratado del Canal firmado en 1977 como una oportunidad para apropiarse de los excedentes que genera la posición geográfica del Istmo. Durante el siglo XX estas ganancias eran exclusivamente para la industria marítima norteamericana que aprovechó la construcción del Canal (1904-1914) y su administración por el Ejército de EEUU (1906-1999). A pesar de que Washington traspasó las operaciones del Canal (y las enormes ganancias que genera) a Panamá, todavía mantiene una estrecha vigilancia sobre sus actividades.
La preocupación de Washington está – en gran parte – en asegurar que el régimen de agua para el funcionamiento del Canal no corra riesgos. Desde hace 20 años creó varias organizaciones que vigilan la cuenca del Canal y coordinan con la ACP. Precisamente, estas ONG han denunciado el contrato de la directiva de la ACP con empresarios rentistas para explotar la ribera del Canal. La ACP admite que le cedió o vendió (hay que aclarar este asunto) a North Properties más de 5 hectáreas. La empresa - creada para adquirir el polígono - parece haberse apropiado de 8.3 hectáreas.
La destrucción del área colindante con el curso del Canal pone en duda si los objetivos de los ideólogos neoliberales que se apoderaron del país hace 25 años son cónsonos con sus propósitos: convertir el mercado en la herramienta fundamental para determinar la asignación de recursos. Hay que recuperar la noción de Torrijos y darle el uso más colectivo a nuestra posición geográfica: El país necesita un plan de desarrollo nacional.

15 de septiembre de 2016.

Thursday, September 8, 2016

La muralla de la paz


Hay murallas que se construyen para la paz.
Esa es la muralla de Nicolás Guillén (1902-1989), poeta cubano, quien cantó para que todas las manos se juntaran y evitaran la guerra. Su plegaria pretendía unir a los pueblos del mundo. La muralla ha sido grabada por el grupo chileno Quilapayún, así como los españoles  Ana Belén y Víctor Manuel. Son muchas las murallas que por mala fortuna han sido levantadas para la guerra. Así es la muralla que pretende construir Trump para separar los pueblos que viven a orillas del río Grande, entre México y EEUU.
Según Trump la muralla que se construiría entre EEUU y Mexico tendría una extensión de 1.600 kilómetros y un costo de 8.000 millones de dólares. El especulador norteamericano asegura que esa cantidad es una “cantidad muy pequeña comparada con el dinero que EEUU pierde con México”.
Trump asegura que México pagará la construcción de la muralla si gana las elecciones en noviembre. Según un diario de la capital mexicana, “como es habitual en las promesas electorales del candidato a la Casa Blanca, los números no encajan y a veces son mentiras”.  A pesar de las amenazas de Trump contra los empresarios norteamericanos que inviertan en México, muchos no le hacen caso a su proyecto de muralla. La segunda empresa de automóviles  de EEUU, la Ford Co., anunció que va a invertir 1.600 millones de dólares en una nueva fábrica en la localidad mexicana de San Luis Potosí, que dará empleo a 2,800 personas, casi todas mexicanas.
Como es habitual en las promesas electorales del candidato a la Casa Blanca, los números no encajan, y algunos de ellos son mentiras. Las grandes multinacionales de EEUU no le están haciendo mucho caso.
El gobierno mexicano pagaría la muralla, según Trump, en tres pasos. El "primer día" en la Casa Blanca, el magnate exigirá que los "extranjeros" que residan en EEUU presenten pruebas de su residencia legal para realizar transferencias de dinero fuera del país.
El "segundo día" de su presidencia, asegura Trump, México elevaría una protesta diplomática por la medida anunciada. "En el tercer día" de su presidencia, Trump exigirá al Gobierno mexicano que pague una cantidad indeterminada de miles de millones de dólares para construir el muro. Si no lo hace, Trump le prohibiría a los mexicanos indocumentados transferir fondos a sus familias. Los asesores de Trump dicen que los mexicanos en EEUU envían a su país 24.000 millones de dólares anuales en remesas. El monto "actúa como una red de protección social en México".
De antemano, Trump anuncia la guerra. Hay una masa electoral en EEUU que apoya la guerra. Por esta razón hay mucho miedo en el mundo.
Los pueblos latinoamericanos luchan por la paz. El pueblo norteamericano también. Pero hay 'alacranes y ciempiés' que quieren tomarse el poder político (entre ellos candidatos como Donald Trump o golpistas más al sur) para separar los pueblos y hacer la guerra.
A diferencia de los guerreristas como Trump, los latinoamericanos sabrán abrirle la muralla 'al corazón del amigo'. También hay 'rosas y claveles' a las cuales la muralla les abrirá paso. 
Lean más abajo La muralla de Nicolás Guillén, adaptada a Trump.

Para hacer esta muralla / tráiganme todas las manos / Los negros, sus manos negras,
los blancos, sus blancas manos.
Ay,
una muralla que vaya… desde la playa hasta el monte / desde el monte hasta la playa, bien / allá sobre el horizonte.

¡Tun, tun! / ¿Quién es? / Una rosa y un clavel... / ¡Abre la muralla!
¡Tun, tun! / ¿Quién es? / El sable de Trump... ¡Cierra la muralla!
¡Tun, tun! / ¿Quién es? / La paloma y el laurel...  ¡Abre la muralla!
¡Tun, tun! / ¿Quién es? / El alacrán y el ciempiés de Trump.../ ¡Cierra la muralla!

Al corazón del amigo, abre la muralla / al veneno y puñal de Trump, cierra la muralla;
Al mirto y yerbabuena, abre la muralla / a la serpiente de Trump, cierra la muralla;
Al ruiseñor en la flor, abre la muralla...

Alcemos una muralla, juntando todas las manos; los negros, sus manos negras,
Los blancos, sus blancas manos.
Una muralla que vaya/ desde la playa hasta el monte /desde el monte hasta la playa, bien / allá sobre el horizonte...
8 de septiembre de 2016.


Thursday, September 1, 2016

La falta de una política migratoria abre la puerta al caos


La realidad migratoria panameña es un problema político con ramificaciones sociales y económicas. Los inmigrantes llegan por vías aérea y terrestre. En su gran mayoría son centroamericanos, caribeños, así como de Colombia y Venezuela. No hay que ignorar el gran número de norteamericanos y españoles. Hay un motor que impulsa la migración: el factor económico. La presencia de estos inmigrantes, y la política plagada de corrupción de los gobernantes, genera preocupación entre los diferentes estratos sociales del país.
La arrogancia de los norteamericanos, el elemento colonial que acompaña a los peninsulares y la lucha cotidiana de los latinoamericanos por encontrar un espacio decente en el país, crean anticuerpos que muchos observadores denominan equivocadamente xenofobia.
En realidad, el fenómeno de la inmigración no es nuevo, ni constituye peligro para Panamá. Los pocos textos que existen sobre los tres siglos de vida colonial panameña (1500-1800), nos hablan de una constante transformación demográfica del istmo. Los funcionarios y aventureros españoles y sus aliados coyunturales llegaban en oleadas a Panamá a especular con las enormes riquezas que transitaban por la ruta interoceánica. A mediados del siglo XIX, EEUU reemplazó al imperio español y construyó el ferrocarril transístmico, trayendo europeos, centroamericanos y caribeños a nuestras costas. A fines de ese siglo los franceses intentaron construir – sin éxito - un canal a nivel provocando una nueva transformación demográfica. Quizás el movimiento humano más grande fue durante la construcción del canal a esclusas por EEUU, entre 1904 y 1914. Sólo la planilla de la empresa constructora contaba con 100 mil extranjeros insertos en un país con sólo 250 mil habitantes. Además de los trabajadores del Canal, llegaban a las costas panameñas otras decenas de miles de forasteros a probar suerte en medio del ‘boom’ económico más grande de la historia del país.  
Panamá no es una excepción. Las migraciones europeas a América dieron nacimiento a las metrópolis como Nueva York, Sao Paulo y Buenos Aires, entre muchas otras. A diferencia de otros lugares – quizás – Panamá no desarrolló una política de población para organizar a la masa de población que llegaba sin cesar al país. El siglo XX es un triste ejemplo de cómo fueron explotados los migrantes por especuladores locales y extranjeros. Esta realidad pareciera seguir siendo la regla en el presente siglo.
Pero, en la actualidad, hay otro tipo de inmigrante con el cual Panamá nunca tuvo que lidiar en el pasado. Se trata de la ‘trata humana’ que realiza EEUU con migrantes cubanos, haitianos y africanos (incluso algunos asiáticos) que son movilizados desde sus países al país del norte convencidos que encontrarán ‘el sueño americano’. Los caminantes de varios continentes son esquilmados por funcionarios y ‘coyotes’. En el caso de Panamá, las fronteras de Colombia y Costa Rica, supuestamente selladas por fuerzas policiales militarizadas locales – financiadas, entrenadas y armadas por Washington – se disuelven como mantequilla ante la ofensiva de quienes llegan con dinero o tarjetas de crédito en su camino a EEUU.
Las autoridades panameñas se declaran simpatizantes con los ‘transeúntes’ y le pasan el problema a la Iglesia católica que los atiende. En el fondo, todos – gobernantes, militares, periodistas y empresarios – saben de qué se trata. En vez de pedirle al gobierno de Washington que disponga de medios de transporte aéreo o marítimo para los que buscan llegar a Texas, se hacen los ignorantes y pecan de hipócritas.
Hay que exigir a los gobiernos de los países de la franja centroamericana, México, Brasil, Ecuador y Colombia la convocatoria de una reunión urgente de la OEA para tratar el asunto y encontrar la solución en forma expedita. El primer punto en la agenda es definir quién es el responsable de la llamada ‘tragedia humana’ que afecta a miles de caminantes. ¿Por qué Washington obliga a los países vecinos de la cuenca del Caribe a jugar con las vidas de miles de familias que quieren llegar a EEUU? La OEA puede discutir este problema con la seriedad que la situación demanda. Los cubanos, por ejemplo, que viajan por vía área a Ecuador con visas obtenidas legalmente en el consulado de La Habana, siguen su camino a pie hacia EEUU. Toman varios meses para completar el viaje, si tienen suerte. Si viajaran de La Habana a Miami en un vuelo regular tomarían sólo media hora para llegar a su destino.
Un país sin política migratoria, como Panamá, abre la puerta al caos.
1 de septiembre de 2016.