Los informes sobre el
calentamiento global se apilan sobre los escritorios de presidentes y asesores
quienes no levantan un dedo para leerlos o ponerlos en práctica. En la ONU se firman
tratados para defender el futuro de nuestras vidas, en el marco de la
naturaleza que cada día se hace menos habitable.
Este tema atrae mucha atención. El XV Congreso Nacional de
Sociología no es la excepción. El encuentro – del 24 al 26 de agosto en la
Universidad de Panamá – tendrá 8 mesas y 23 ponencias dedicadas a los ataques
que sufre el ambiente en todo el planeta. Casi todas las ponencias se refieren
a la realidad panameña y la falta de un instrumento que permita a todos los
panameños contribuir a detener el deterioro y destrucción de la naturaleza. Al
contrario, las leyes que salen de la Asamblea de Diputados y las políticas
públicas del Ejecutivo estimulan las inversiones (nacionales y extranjeras)
para destruir las comunidades, los ríos, los bosques, las playas, los mares y
el aire, entre otros.
En una de las mesas, el sociólogo Florencio Díaz, presentará
un mapa de los conflictos sociales generados por la ofensiva de los
inversionistas contra la naturaleza y, de paso, contra las comunidades en todo
el país. En la misma mesa, otro sociólogo, Jesús Alemancia, analizará los
aportes negativos de la minería en Panamá. No existen en Panamá instancias que
controlan la actividad minera (especialmente de la gran minería) y las
regulaciones son letra muerta.
La socióloga Nilva Góngora coordina una mesa del Congreso
que se hace la pregunta: ¿Tiene derechos la naturaleza? Ha llegado el momento (estamos bien atrasados
en esta materia) para definir el país que quieren los panameños. El mismo no
excluye, obviamente, la naturaleza. Según un ponente que participará en el
Congreso, Richard Morales, “revertir
esta situación implica asumir un nuevo paradigma de la política, dónde
reconozcamos la condición de sujeto de la naturaleza y, por ende, sujeto de
derechos”.
La mesa sobre “Ambiente y
ordenamiento territorial” nos acerca a los conflictos creados por los gobiernos
que utilizan la legislación para despojar a los sectores sociales más débiles
de sus viviendas y de sus tierras. Es el caso de la populosa comunidad de Juan
Díaz, en el extremo oriente de la ciudad de Panamá, que poco a poco es empujada
al exterminio por grandes capitales que, a su vez, están destruyendo el manglar
que durante siglos ha protegido a la ciudad de Panamá. Igualmente, el Congreso
abordará la destrucción de los bosques en una ponencia de Carlos Gómez.
El XV Congreso de los sociólogos panameños también examinará
la experiencia de los últimos 40 años en las llamadas áreas revertidas. Las
comunidades de la antigua Zona del Canal eran consideradas por los
especialistas como ‘ciudades jardines’. En papel los políticos y empresarios
prometían conservar ese ambiente. En realidad, sin embargo, la corrupción y el
desgreño administrativo han acabado con aquellos planes que fueron sueños que
se esfumaron. En la mesa coordinada por la socióloga Amelia Sanjur, se
analizarán las experiencias de 40 años “de luchas, acciones de protesta,
propuestas de los ciudadanos en la toma de decisiones y gestión sobre el
ambiente en las áreas revertidas”. La economista Charlotte Elton dice que “las
luchas aseguran el funcionamiento de la vía acuática así como la calidad de
vida de toda la población urbana de la región interoceánica”.
Aunque los gobiernos panameños no definen una política
ambiental que promueva el turismo, la Universidad de Panamá tiene dos escuelas
de turismo. El profesor Fernando Aparicio coordina un grupo de cuatro
estudiantes con sus ponencias para desarrollar un turismo histórico. La primera
versa sobre la Feria de Azuero, seguida por una ponencia sobre la fiesta
religiosa de Corpus Cristi y dos más sobre las actividades artesanales de La
Arena y Mariabé, respectivamente.
Lo que se enseña en la Universidad contrasta con el turismo sexual
que actualmente permiten las autoridades panameñas. Según la lógica económica
de algunos funcionarios, el sexo, los casinos y las drogas son mejores
atractivos turísticos que nuestra cultura, nuestras playas (secuestradas) e, incluso,
del Canal de Panamá. Concepción peligrosa y antinacional.
El Congreso analizará a fondo las políticas que perjudican a
las futuras generaciones para favorecer unos pocos especuladores. El evento
contará con 40 mesas de trabajo y 120 ponencias. El público en general está
invitado para participar en todas las actividades programadas.
4 de agosto de 2016.
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