La próxima semana se inaugura la ampliación del Canal de Panamá cuya construcción se inició hace nueve años y cuyo costo final aún está por determinarse. En todo caso, superará los $5,25 mil millones presupuestados. La vía interoceánica se abrió por primera vez en 1914 para servir en especial la ruta entre las costas oriental (Nueva York) y occidental (San Francisco) de EEUU. En la actualidad, gran parte del comercio marítimo que hace uso del Canal navega por la ruta China oriental (Shanghai) y las costas este y del golfo de México (EEUU).
La vía es administrada
por el gobierno panameño a través de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
desde 2000. El traspaso por parte de EEUU a Panamá fue el resultado del Tratado
del Canal de Panamá cuya negociación culminó en 1977 bajo la dirección del
general Omar Torrijos. En el mismo tratado entre Panamá y Washington, se acordó
poner fin a la ‘Zona del Canal’ y evacuar todas las bases militares
norteamericanas en el Istmo.
La ampliación del Canal
consiste en la construcción de un tercer juego de esclusas para acomodar barcos
de hasta 150 mil toneladas de desplazamiento. Además, se ampliaron las vías de
acceso y se profundizó el Canal para aumentar el calado de los barcos que
navegan por sus aguas. En el mundo sólo hay un Canal con características
similares al panameño: El Canal de Suez en Egipto.
Cruzan el canal cerca de
12 mil naves al año, pagando peajes anuales de aproximadamente $2.5 mil
millones. Esta suma contrasta con los ingresos anuales de un millón de dólares que recibía Panamá
por parte de EEUU antes de 2000. La ACP y el gobierno panameño aseguran que con
las nuevas esclusas los ingresos crecerán significativamente. El fisco recibe
anualmente - directamente de la administración de la vía - mil millones de
dólares que es ingresado al presupuesto nacional.
El Canal de Panamá ha
logrado mantenerse – en parte – libre de la corrupción que caracteriza a las
instituciones privadas y públicas del país. Sin embargo, cuenta con una
directiva compuesta de 11 empresarios cuyos antecedentes no se libran de
cuestionamientos. La construcción de la ampliación estuvo marcada por
sobreprecios y adendas cuestionadas por su falta de transparencia. La empresa
contratada para la magna obra de las esclusas se caracterizó por su falta de
ética, su mal manejo de la relación con los trabajadores y desgreño
administrativo.
Una crítica al
proyecto de ampliación del Canal de Panamá consiste en que los gobiernos no
contemplan la integración de este enorme activo a la economía nacional. Seguirá
siendo un negocio en el contexto de las operaciones financieras que se realizan
en las capitales mundiales, especialmente Nueva York. Todavía tiene que poner a
prueba los estudios de impacto ambiental que señalan la posibilidad que los
lagos de la vía sean invadidas por agua salada. Otro problema que enfrenta la
vía consiste en la falta de agua en el futuro para satisfacer las demandas de
los barcos que transitan por la ruta.
A
su vez, la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal de Panamá denunció un plan
para la privatización de la vía interoceánica. Se señala que la ACP pretende
convocar a la licitación del servicio de remolcadores en las entradas de mar,
en el Caribe y en el Pacífico, para su manejo por empresas extranjeras. Iván de
la Guardia, secretario general de la Unión, afirmó que dispone de evidencias de
ese plan, que “atenta contra los intereses del pueblo panameño y su histórica
lucha por la soberanía”.
Subrayó que el Sindicato dispone de
información que confirma que desde 2013, altos funcionarios de la ACP “se
encuentran involucrados en un plan para limitar nuestro legítimo ejercicio de
libertad sindical” en la vía acuática. Sin embargo, la ACP ha negado esos
señalamientos.
En 2014, el sindicato denunció los intentos de
la ACP de desarticular el sindicato, con el presunto objetivo de reducir las
protestas en contra de la privatización de servicios. Esa denuncia fue
rechazada por autoridades canaleras. Las negociaciones entre ese sindicato y la
ACP están actualmente estancadas.
Los conflictos que se avecinan en torno al
Canal de Panamá constituyen alarmas que debe tomar en cuenta el gobierno. Para
ello debe reorientar su política de convertir la vía en un negocio para unos
pocos especuladores y garantizar su integración a un plan de desarrollo
nacional.
16 de
junio de 2016.
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