La crisis política de Brasil desató una preocupación generalizada en toda la región latinoamericana, extendiéndose a EEUU y Europa. Incluso, para sorpresa de muchos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio a conocer un análisis de la situación después de reunirse con la presidente del Brasil, Dilma Rousseff. La Organización de Estados Americanos (OEA) es una organización que trabaja muy de cerca con el gobierno norteamericano. Muchas veces ha actuado como su brazo ejecutor en América latina o vocero del Departamento de Estado en situaciones difíciles.
Lo primero que plantea Almagro es la ilegalidad del procedimiento que utiliza
el Congreso de Brasil para intentar destituir a la primera mandataria. El
secretario general de la OEA dice que “ha hecho un detallado análisis sobre el
juicio político iniciado contra Dilma Rousseff y ha concluido que no se encuadra
dentro de las normas que sustentan dicho procedimiento. No existe una acusación
de carácter penal contra la Presidente, sino que se la acusa de mala gestión de
las cuentas públicas en 2014. Esta es en todo caso una acusación de carácter
político, que no amerita un proceso de destitución”.
A renglón seguido Almagro cita una carta firmada por 130 miembros del Ministerio Publico de Brasil, que caracteriza el proceder del Congreso como un juicio ‘jurídico político’. En primer lugar, porque “no exime la caracterización de certeza de los hechos que se le imputan a la autoridad en cuestión”. En segundo lugar, “ausente el juicio de certeza, la resolución positiva del "impeachment" constituye un acto de flagrante ilegalidad, por significar una finalización sin motivo”. Como consecuencia, es “arbitrario, basado en conclusiones de opinión que, obviamente, carecen de demostración limpia y clara”.
En tercer lugar, los miembros del Ministerio Público señalan que “los hechos presentados en el procedimiento preliminar de "impeachment" y la forma en que fueron tratados por los diputados, están lejos de dar lugar a un juicio por indicios de delito de responsabilidad y aún menos por certezas”.
En cuarto lugar, los acusadores en el Congreso señalan que la presidente Rousseff es culpable de hacer cambios de partidas del presupuesto. “De hecho, dicen los miembros del Ministerio Público, el tema de los decretos de crédito adicionales para reasignar los límites de gasto en ciertas políticas públicas autorizadas por la ley, son procedimientos contemplados en la ley”. Plantean, en quinto lugar, que “no hay delito sin ley anterior que lo defina y mucho menos sin la comprensión de la jurisprudencia previamente creada. De lo contrario, la inseguridad jurídica sería absurda, incluso con respecto a más de la mitad de los gobernadores y alcaldes que siempre han utilizado estas medidas”. Concluyen que “no existe prueba de la práctica de un delito de responsabilidad, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución Federal de Brasil”.
A renglón seguido Almagro cita una carta firmada por 130 miembros del Ministerio Publico de Brasil, que caracteriza el proceder del Congreso como un juicio ‘jurídico político’. En primer lugar, porque “no exime la caracterización de certeza de los hechos que se le imputan a la autoridad en cuestión”. En segundo lugar, “ausente el juicio de certeza, la resolución positiva del "impeachment" constituye un acto de flagrante ilegalidad, por significar una finalización sin motivo”. Como consecuencia, es “arbitrario, basado en conclusiones de opinión que, obviamente, carecen de demostración limpia y clara”.
En tercer lugar, los miembros del Ministerio Público señalan que “los hechos presentados en el procedimiento preliminar de "impeachment" y la forma en que fueron tratados por los diputados, están lejos de dar lugar a un juicio por indicios de delito de responsabilidad y aún menos por certezas”.
En cuarto lugar, los acusadores en el Congreso señalan que la presidente Rousseff es culpable de hacer cambios de partidas del presupuesto. “De hecho, dicen los miembros del Ministerio Público, el tema de los decretos de crédito adicionales para reasignar los límites de gasto en ciertas políticas públicas autorizadas por la ley, son procedimientos contemplados en la ley”. Plantean, en quinto lugar, que “no hay delito sin ley anterior que lo defina y mucho menos sin la comprensión de la jurisprudencia previamente creada. De lo contrario, la inseguridad jurídica sería absurda, incluso con respecto a más de la mitad de los gobernadores y alcaldes que siempre han utilizado estas medidas”. Concluyen que “no existe prueba de la práctica de un delito de responsabilidad, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución Federal de Brasil”.
Más de las dos terceras partes de los congresistas
brasileños – en una sesión circense - ignoraron los argumentos de los juristas
y votaron a favor de su destitución. El caso ahora va al Senado. El secretario
general de la OEA también subrayó “que un régimen presidencial como el
brasileño no puede operar como si fuese un régimen parlamentario, intentando la
destitución de la primera mandataria, por un cambio en la correlación de
fuerzas políticas en la coalición gubernamental”.
Almagro se abstuvo de emitir una opinión sobre “que sistema –presidencial o parlamentario- es mejor, porque ello depende del pacto social y político de cada sociedad. Pero la organización del sistema constitucional brasileño es clara y, por esa razón, ha establecido los límites constitucionales para el ejercicio de un juicio de destitución. Desconocer esos límites afecta a la propia estructura de funcionamiento del sistema, así como distorsiona la fuerza y operatividad que deben tener la Constitución y las leyes”.
La preocupación de la OEA es compartida por las Naciones Unidas. El secretario general de esa organización mundial, Ban Ki Moon, dijo que "Brasil es un país muy importante y cualquier inestabilidad política es una preocupación social para nosotros". Por su lado, Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, declaró que "renovamos el pedido para garantizar que las instituciones democráticas por las cuales Brasil luchó tanto sean respetadas".
Almagro concluyó señalando que “Brasil ha sido ejemplo de democracia en el continente y todos necesitamos que lo siga siendo”. Por ello los pueblos se han movilizado para detener el ‘golpe parlamentario’ a la vista.
21 de abril de 2016.
Almagro se abstuvo de emitir una opinión sobre “que sistema –presidencial o parlamentario- es mejor, porque ello depende del pacto social y político de cada sociedad. Pero la organización del sistema constitucional brasileño es clara y, por esa razón, ha establecido los límites constitucionales para el ejercicio de un juicio de destitución. Desconocer esos límites afecta a la propia estructura de funcionamiento del sistema, así como distorsiona la fuerza y operatividad que deben tener la Constitución y las leyes”.
La preocupación de la OEA es compartida por las Naciones Unidas. El secretario general de esa organización mundial, Ban Ki Moon, dijo que "Brasil es un país muy importante y cualquier inestabilidad política es una preocupación social para nosotros". Por su lado, Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, declaró que "renovamos el pedido para garantizar que las instituciones democráticas por las cuales Brasil luchó tanto sean respetadas".
Almagro concluyó señalando que “Brasil ha sido ejemplo de democracia en el continente y todos necesitamos que lo siga siendo”. Por ello los pueblos se han movilizado para detener el ‘golpe parlamentario’ a la vista.
21 de abril de 2016.
