La frustrante aparición del administrador de la Autoridad del
Canal de Panamá (ACP) en la Asamblea de Diputados trajo a la memoria las explicaciones
que el conde Delesseps le daba a la República francesa por la aparatosa quiebra
de la compañía constructora de la vía acuática en el Istmo a fines del siglo
XIX. Fue calificada como un "escándalo". En Francia la palabra Panamá
todavía en el siglo XXI es sinónimo de escándalo.
El Frente Panamá Soberana (FPS) calificó en un
comunicado como "escandalosos" los atrasos, sobreprecios y desgreño
administrativo que está sufriendo la ampliación del Canal de Panamá. Culpa al
consorcio europeo encargada de la construcción, así como a la Autoridad del
Canal de Panamá (ACP) y al gobierno nacional de la peligrosa encrucijada en que
se encuentra la obra.
Señala que "sólo si ocurriera algo
inesperado, el proyecto de ampliación será recordado como otro gran escándalo
que involucra al gobierno, la elite empresarial panameña e intereses
extranjeros". Continúa diciendo que "el pueblo panameño y las futuras generaciones serán los
grandes perjudicados". La propuesta de ampliación del Canal – construcción
de un tercer juego de esclusas con mayor capacidad que las existentes – fue
presentada por el presidente Martín Torrijos en 2006. La Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) aseguró que el Canal ampliado le rendiría al país enormes
beneficios.
Sin embargo, dice el FPS, "han pasado casi 10 años y el
país está todavía enfrascado en un debate sobre las bondades del proyecto
presentado. Por un lado, todos los defectos previstos están saliendo a flote.
Por el otro, la corrupción de las empresas involucradas e intereses especulativos
locales, han aparecido en el corazón del proyecto". En 2006 el Frente
Panamá Soberana (FPS) realizó un esfuerzo extraordinario para analizar la
propuesta de la ACP y del presidente Martín Torrijos. El resultado del estudio
que efectuó arrojó como resultado serias deficiencias e inconsistencias en la
propuesta. Incluso, "el FPS recomendó que se rechazara ese proyecto de
ampliación del Canal de Panamá. No fuimos los únicos. Desde diferentes sectores
de la sociedad panameña surgieron dudas sobre la propuesta".
El FPS reúne a diferentes organizaciones que en 1997 nació al
calor de la oposición popular que surgió en contra del proyecto de un Centro
Multilateral Anti-drogas (CMA). La propuesta pretendía extender la presencia
militar norteamericana en la salida sur del Canal de Panamá de manera
indefinida.
El comunicado recuerda que desde un principio la
propuesta de ampliación del Canal tenía defectos. "Desde el punto de vista
ambiental y de ingeniería, la propuesta de ampliación tenía inconsistencias que
ponen en peligro la seguridad del mismo proyecto".
El gobierno está planteando ahora el problema del
agua. El comunicado del FPS señala que "la ampliación del Canal necesita
nuevas fuentes de agua que no fueron incorporados al documento aprobado
(originalmente). Hay indicios, sin embargo, que la ACP y el gobierno sabían que
el proyecto de ampliación necesitaría más agua y no fue incluida por razones
políticas. A su vez, aún no hay seguridad alguna que el proyecto presentado
para construir el tercer juego de esclusas no contaminará las aguas de los ríos
y lagos que alimenta el complejo del Canal". A su vez, el FPS
"denunció en forma oportuna la dificultad que representa introducir los
barcos pos-Panamax a las nuevas esclusas mediante el uso de los remolcadores".
El desgreño administrativo y la aparente pugna de
intereses dentro de los tres gobiernos que Panamá ha tenido desde 2006 y de la
ACP, hace que "los panameños nos enfrentamos, en la actualidad, a las
maniobras financieras de las empresas contratadas para construir el tercer
juego de esclusas. La ACP le ha permitido a un consorcio europeo abusar del
fisco panameño y hacer demandas desmedidas de sus recursos en abierto desafío
de las leyes y contratos celebrados entre las partes". El FPS recuerda que
el costo de "la construcción del tercer juego de esclusas fue
presupuestado en 3.2 mil millones de dólares. A principios de 2016, con el 94
por ciento de la obra completada, el consorcio europeo ha recibido de la ACP
casi 4 mil millones de dólares. Además, está exigiendo otros 2.5 mil millones
de dólares en supuestos “sobrecostos”. Las demandas del consorcio son inadmisibles y deben ser
rechazadas por el pueblo y el gobierno panameños".
El FPS apunta al problema principal que tiene Panamá en estos
momentos: "Las fallas de la ACP deben ser objeto de un análisis profundo
por las fuerzas sociales del país e, igualmente, por parte del gobierno. Pero
no sólo corresponde oponernos a estas demandas. Es necesario redefinir el
proyecto de ampliación del Canal y presentar una propuesta que ponga el
desarrollo del país como objetivo central de esta inversión enorme que se ha
realizado".
El comunicado concluye planteando que "las
generaciones que lucharon y dieron sus vidas por rescatar la soberanía del país
– 1947, 1959 y 1964 – no lo hicieron para que esta generación de 2016 la
entregara a una pequeña elite de malos panameños y sus socios extranjeros.
Todos los recursos del Canal de Panamá tienen que estar al servicio del
engrandecimiento del país y de su pueblo".
14 de enero de 2016.
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