La
crisis de la Corte Suprema de Justicia refleja una profunda descomposición del
actual sistema político panameño que se estructuró después de la invasión
militar de EEUU a Panamá en 1989. El gobierno militar panameño (1968-1989), que
sostenía una precaria alianza entre una burguesía industrial y sectores de la
clase obrera organizada, se hizo añicos tras la ocupación militar del país por
EEUU. En su lugar, se levantó un régimen oligárquico con los partidos
tradicionales ocupando el sillón presidencial, los escaños de la Asamblea de
Diputados y las magistraturas de la Corte Suprema. Durante los últimos 25 años
se aplicaron políticas neoliberales y creció la influencia del capital
financiero. La llamada ‘burguesía nacional’ se desmoronó y la clase obrera
perdió la influencia alcanzada a
mediados del siglo XX.
La
consigna que levantan algunos sectores para convocar a una Asamblea
constituyente en Panamá se remonta a la década de 1980. En aquella época era un
grito de las fuerzas políticas anti-militares y anti-‘populistas’. En los
últimos 25 años ha crecido y extendido a otros sectores de la sociedad. En la
actualidad, la carta magna se parece a un parche debido a las numerosas
reformas que ha experimentando.
En
2014, el actual presidente de la Republica, Juan C. Varela, prometió una
‘Asamblea constituyente’. En 2015 - desde el poder –dio un paso atrás y anunció
que no era el mejor momento para hacer realidad la promesa. Obviamente, una
convocatoria lo dejaría a él y a su partido Panameñista en una extrema minoría
convirtiéndose en títere de los partidos de oposición y sus intereses
económicos.
En
2015, el gobierno del presidente Varela promovió las investigaciones contra los
colaboradores de su predecesor, Ricardo Martinelli, por los abusos de
corrupción y el asalto al Tesoro Nacional. El mismo Martinelli es, actualmente,
investigado por la Corte Suprema de Justicia. Este detalle complica el
escenario creado por los escándalos surgidos dentro de la Corte por los
magistrados que están enfrascados en una lucha por el poder.
Todos
los sectores hacen propuestas sobre las reformas que necesita la Constitución.
La mayoría hace propuestas puntuales. Lo que hace falta es definir que país
queremos los panameños para entonces discutir que ordenamiento constitucional
es el más adecuado para alcanzar ese objetivo.
Panamá
es un país muy dividido y existen varios proyectos de país. Actualmente, el que
tiene el poder considera que Panamá es un país ‘pro mundo beneficio’. Consigna
concebida por los próceres, Bunau-Varilla y aprobada por Washington. Es la
visión de los rentistas y sus partidos políticos representados en la actual
Asamblea Nacional. El pueblo rechaza esta noción que ha predominado, con
interrupciones, por casi 200 años. Hay una mayoría que todavía no está lo
suficientemente organizada para imponer el proyecto de Nación, incluyente y
democrático (que ponga fin al régimen oligarca, sus políticas neoliberales y
corrupción rampante).
Las
políticas neoliberales impuestas en Panamá han debilitado a la clase obrera, a
los trabajadores y al pueblo, en general. En 1999, después de una lucha de
décadas, Panamá se encargó de la administración del Canal de Panamá. Los
ingresos anuales del Canal, que representan 2.5 mil millones de dólares, le ha
dado a la clase rentista (oligarquía) mucho poder para corromper el tejido
social del país. En vez de invertir en
el sector productivo para generar riqueza y una clase trabajadora próspera, los
rentistas invierten en actividades especulativas que sólo benefician a una
pequeña elite de empresarios, quienes junto con los rentistas, monopolizan el
poder político.
El
pueblo tiene que seguir luchando por hacer realidad la ‘soberanía’ que expulsó
a EEUU del país. En esta etapa, la lucha del pueblo consiste en desplazar a los
rentistas de sus posiciones hegemónicas y recuperar la posición geográfica del
país y el Canal para ponerlo al servicio de un plan de desarrollo nacional.
En mi
libro La democracia en Panamá (1998) escrito cuando el país era ocupado
militarmente por EEUU, hablamos de una democracia ‘restringida’. En la
actualidad, EEUU sigue presente política y militarmente, con una oligarquía
gobernante. Panamá tiene una democracia ‘restringida y oligarca’.
La
coyuntura ha hecho que muchos sectores sociales exijan una Constituyente. No
hay que olvidarse, sin embargo, que el problema de fondo es la descomposición
del actual sistema político panameño. La podredumbre de la Corte Suprema de
Justicia y la urgencia de una Constituyente son productos de la descomposición
del sistema político actual.
28
de enero de 2016.
