La CSS tiene que regresar al sistema “solidario”

Según los números que maneja la Caja de Seguro Social (CSS), la Asamblea de Diputados y, obviamente, el Presidente de la República, esta institución de los trabajadores panameños es la más rica del país. El presupuesto anual de la CSS supera los 5 mil millones de dólares.

A pesar de los enormes recursos que maneja, los asegurados no cuentan con las atenciones de salud mínimos, su capacidad administrativa es criticada a diario y – lo más extraño – sus directivos y los políticos señalan que en menos de dos lustros su programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) quebrará.  Es decir, los 245 mil pensionados que actualmente tiene la CSS quedarán sin protección alguna. Los actuarios calculan que para 2024 habrán más de 300 mil pensionados.

Hay un problema serio que debe ser resuelto con urgencia. La CSS recaudó por concepto de cuotas en el último ejercicio fiscal, un total de 1,750 mil millones de dólares, según su director. Además, tuvo ingresos significativos por otras partidas producto de sus gestiones administrativas. Esta cantidad, aparentemente, no es suficiente para cubrir las necesidades de los dos grandes programas de la CSS: IVM y Salud y Maternidad.

Hay que buscar las causas de este problema que ya está golpeando los cimientos de la institución. Conocemos el mal, ahora es necesario encontrar la solución. Hay tres causas. Uno grande: 1. La Ley 51 de 2005 que desvió las cuotas de todos los nuevos asegurados a compañías aseguradoras privadas. Dos menos graves: 2. El desgreño administrativo y 3. La corrupción que constituye un fardo cada vez más pesado que cargan los asegurados y el país. 

Veamos primero la causa más grande del descalabro. Según los directivos de la CSS, “el IVM cuenta con dos sistemas de pensiones, uno es el antiguo sistema de beneficio definido (solidaridad) y el otro con cuentas individuales o subsistema mixto, creado por la Ley 51 de la CSS”. ¿Qué quiere decir esto? El sistema solidario funciona sobre la base de los aportes que hacen los asegurados que se suman al sistema de pago de cuotas. Cada generación apoya a la anterior. Con la ley que se aprobó en 2005, los nuevos asegurados no contribuyen a la Caja para cubrir las pensiones de los asegurados más viejos.

Si el sistema de pensiones que descansa sobre la solidaridad no tiene ingresos, ¿cómo cubrirá las necesidades de los trabajadores pensionados? Los fondos que tenía en 2005 y algunos adicionales deberán cubrir las demandas de los asegurados en el sistema solidario hasta ‘el último pensionado’ que en teoría se moriría en 2060. Imposible.

Quienes concibieron y aprobaron la Ley 51 de 2005 sabían muy bien las consecuencias de esta pieza legislativa nefasta. La promovieron pensando en dos objetivos: Primero, beneficiar a los especuladores capitalistas que recibirían los aportes de los asegurados en el nuevo sistema de ‘cuentas individuales’. En buenas cuentas, es un despojo. Segundo, los legisladores en 2005 calcularon que los gobernantes tomarían una medida ‘heroica’ antes del colapso del IVM. Por ejemplo, podrían crear una partida especial para los asegurados despojados en el presupuesto nacional o destinar una parte de los peajes del Canal de Panamá al programa del IMV para cubrir el déficit.

En segundo lugar el desgreño ha sido implacable. En  los primeros seis meses de 2016, la CSS tenía un presupuesto para la compra de medicamentos de $369 millones. Sólo utilizó $188 millones, es decir, el 51% de los recursos asignados.

Nadie sabe cual es la situación financiera de la institución desde hace tres años. Un directivo dijo que “se requiere tiempo para conocer la situación financiera de la entidad, la cual en este momento está siendo evaluada”.

En tercer lugar, la corrupción ha hecho millonarios a unos pocos. Por un lado, la malograda construcción de la Ciudad de la Salud ha sido un fiasco, Mejor sería convertir esa estructura en el Cuartel Central de la Policía Nacional. En el gobierno anterior la corrupción fue rampante. En los primeros 18 meses de gestión la CSS sumó a la planilla 2,177 funcionarios. Un incremento casi del 10 por ciento de los empleados. Además, la CSS aumentó los gastos en casi el 15 por ciento sin tener los ingresos.

Es urgente reformar la Ley Nº51 de 2005 y regresar al sistema solidario. Además, hay que acabar con el desgreño administrativo y la corrupción rampante.

10 de noviembre de 2016.

República y proyecto de Nación: Pasado y futuro

 Hay una pregunta de fondo: ¿Contribuyó la creación de la República - el 3 de noviembre de 1903 - al proyecto de nación de los panameños? La respuesta a la pregunta no la podemos encontrar en el estudio de los personajes o sólo en los textos existentes sobre los acontecimientos de aquella fecha. Es necesario someter a un exhaustivo examen la historia centenaria de la República para determinar si hemos avanzado en la consolidación de nuestro proyecto de nación o si, por el contrario, nos hemos estancado o si hemos retrocedido.

En el caso de Panamá, el 3 de noviembre de 1903 existía un grupo de panameños decididos a hacer realidad un proyecto de país que le permitiera a esa elite tomar plena posesión de la ruta de tránsito y disfrutar de su enorme potencial económico. Hemos usado el término “proyecto de país” y no proyecto de nación, ya que no está muy claro si estas eran las intenciones de los próceres. Ricaurte Soler calificaría a este grupo social separatista como “clase antinacional”.

El proyecto de emporio comercial de los conspiradores del 3 de noviembre fracasó. EEUU tomó posesión de la posición geográfica y de la ruta de tránsito. Pero los ‘próceres’ dejaron las bases para construir la República. Otros grupos sociales iniciaron la lucha por la recuperación de la “soberanía” perdida y por el ‘proyecto de nación’. Así lo entendió Diógenes de la Rosa, quien le planteó al país la necesidad de dejar atrás las pequeñeces del debate en torno al 3 de noviembre y que comenzáramos todos a construir la nación panameña. Con más pesimismo, también lo planteó Roque Javier Laurenza.

En más de cien años de República hay que preguntarse nuevamente, como lo hicieron De la Rosa y Laurenza: ¿tenemos la capacidad para dirigir a un pueblo dispuesto a caminar hacia la consolidación de un proyecto de nación? La respuesta es afirmativa. Por un lado, persisten las dudas sobre las circunstancias que marcaron el nacimiento de la República el 3 de noviembre de 1903. Por el otro, hay que decir con claridad y fuerza que en los cien años de República se han despejado las dudas sobre la existencia de un pueblo panameño que impulsa un proyecto de nación en permanente proceso de construcción.

Hay que mencionar tres hitos en la lucha por constituir el proyecto de nación de los panameños. En primer lugar, el rescate de la República producida por los liberales populares encabezados por Belisario Porras. La alianza entre el arrabal de Santa Ana y los pequeños agricultores de Azuero le dieron vida nacional al país y recompusieron los pedazos dejados por el fracaso de los conspiradores de 1903. En segundo lugar, la reincorporación a la nación por parte de la llamada pequeña burguesía de Acción Comunal y el liderazgo posterior de su caudillo Arnulfo Arias.

Tercero, el populismo de Omar Torrijos que creó un amplio abanico social que incluyó a la clase obrera, las organizaciones campesinas y los empresarios nacionales. Las luchas estudiantiles y la gesta del 9 de enero sirvieron de antecedente e inspiración para que la alianza populista recuperara la soberanía perdida.

La alianza de estas cuatros clases sociales – empresarios nacionales, capas medias, obreros y campesinos – le permitió a la nación negociar el fin de la colonia norteamericana en territorio panameño, la evacuación de las bases militares y la transferencia del Canal. 

No existe, en la actualidad, claridad sobre qué grupo social debe encabezar el país. La alianza entre las cuatros clases sociales que logró negociar con éxito los Tratados Torrijos Carter parece haberse desvanecido. Los campesinos y obreros, que identificaron su proyecto de nación, se encuentran a la defensiva. Los empresarios han perdido el ímpetu y, a la vez, el discurso nacionalista que los caracterizó durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Regresaron al poder, a fines del siglo XX, los conspiradores del 3 de noviembre de 1903, sin proyecto de nación, protegidos por las bayonetas norteamericanas.

Este grupo, formado por conspiradores y especuladores, toma decisiones sobre el país, sin proyecto de nación. Sus flancos están abiertos a los ataques tanto externos como internos. En este 3 de noviembre corresponde a los panameños reflexionar no sólo sobre el pasado de la República, sino también sobre el futuro de la Nación.

(Versión modificada de artículo publicado en La Universidad, N°14, noviembre de 2004).

3 de noviembre de 2016.

Peligro de colisión entre Panamá y EEUU

Los intereses del centro financiero norteamericano, asentado en Manhattan, con sus ramificaciones globales, así como los intereses políticos de Washington, no son ajenos a las publicaciones que aparecen con regularidad en el diario The New York Times (NYT). Panamá y los demás países del mundo son caricaturizados sistemáticamente por el establishment que persigue mistificar y tergiversar sus oscuras operaciones financieras que sub-desarrollan cada vez más a los pueblos del mundo.

Hace poco la USAID (agencia del gobierno norteamericano) y otros destacaron los ‘papeles’ de la firma de abogados Mossack-Fonseca con sede en la ciudad de Panamá. Después el Departamento del Tesoro de EEUU sacó a relucir las sospechas en torno al grupo económico Waked que fue incluido en la ‘Lista Clinton’. Más recientemente, NYT sacó todos los trapos sucios de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y de la ampliación del Canal de Panamá (y de paso del país). 

El artículo está lleno de 'medias verdades'. Es la misma mano institucional que redactaba las notas del  NYT atacando a Noriega (1987-1989), contra la política internacional de Torrijos, sobre la insurrección estudiantil en enero de 1964 y podemos seguir acumulando ejemplos que se remontan al siglo XIX.

El artículo que aborda las contradicciones que caracterizaron la ampliación del Canal pretende disminuir la importancia de la ampliación del Canal de Panamá y aprovecharse de las debilidades que rodean la magna obra. Para comenzar, el grupo que ganó el contrato para la construcción de las esclusas. Para terminar, la composición de la junta directiva de la ACP de dudosa reputación. Pasando por las dudas sobre la ingeniería de las nuevas esclusas. Entre medio, todos los rumores que circulan entre los trabajadores que le dan un sabor picante a la presentación periodística del NYT.

Los banqueros de Wall Street, que siguen sintiéndose dueños de la vía interoceánica, enfrentan grandes competidores tanto en el plano global como en el Istmo. Este último muy debilitado, casi fuera de combate. En primer lugar, la comunidad internacional quiere ver un Canal capaz de satisfacer las demandas comerciales de los países de las cuencas de los dos océanos más grandes del mundo. Ocupa la vanguardia en este sentido el segundo usuario más importante de la vía interoceánica: la República Popular China. Sus exportaciones (precisamente a EEUU) dependen en casi un 25 por ciento del Canal de Panamá.

El otro es el gobierno panameño, ausente e incapaz de enfrentar con algo de inteligencia (información) la ofensiva de EEUU. Panamá fue invadida militarmente por EEUU en 1989 y desde entonces no tiene autonomía alguna frente a las políticas de Washington. 

Si la elite panameña no reacciona con inteligencia a los ataques norteamericanos a corto plazo, tendrá que enfrentar una crisis similar a las muchas conocidas en los últimos 160 años de historia. Las crisis representan peligros (riesgos) pero también oportunidades. ¿Qué oportunidades puede aprovechar Panamá?

Hay varias salidas a la encerrona que monta EEUU contra Panamá y su oligarquía inoperante y de paso a todos los panameños. La primera es que algún sector - la elite parece no tener esa capacidad - pueda unir a los diferentes sectores sociales del país en torno a un objetivo claro y preciso que identifique un proyecto nacional. 

La segunda, es reunir a los países de la región en una conferencia o alianza que someta a un análisis cuidadoso las relaciones entre Panamá y EEUU. Estrategia parecida a la ‘vía torrijista’. O la propuesta  por el libertador Simón Bolívar en 1826, quien convocó en la ciudad de Panamá el congreso anfictiónico con plenipotenciarios de todas las repúblicas recién independizadas. 

Tercero, llevar el problema (con la inteligencia que lo sustente) a la ONU donde países como China y otros tendrían una voz que le permitiría a Panamá enfrentar a EEUU con algo más de oportunidades que en el presente. 

Los norteamericanos y su portavoz, el NYT, saben que la oligarquía panameña está dividida y en esta coyuntura se pelean los pingües negocios del puerto de Corozal en la entrada sur del Canal. La miopía sólo les permite ver el brillo del oro que representan las tierras que colindan la vía acuática. No se percatan que existe todo un país y su población deseosa de trabajar y construir una nación que beneficie a las futuras generaciones. La oligarquía tiene que ceder su lugar frente al timón antes que sea muy tarde.

27 de octubre de 2016.

El MIREN se prepara para la batalla de 2019

El Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN) anunció que participará activamente en las elecciones generales de 2019. La organización política celebró una Asamblea con la participación de delegaciones provinciales, sindicales, gremiales y estudiantiles de todo el país. En 2014 el MIREN apoyó la candidatura por la libre postulación de Juan Jované, profesor de Economía de la Universidad de Panamá.

La Asamblea eligió al profesor Jované como secretario general del MIREN. La directiva cuenta con coordinadores de Organización, Finanzas y Propaganda y Formación. También tendrá secretarías que coordinarán con los sectores sociales y provinciales.

Durante el acto, Jované hizo un extenso análisis de la realidad nacional señalando que los últimos gobiernos han logrado hundir cada vez más el país en una situación que aparentemente es irreversible. Económicamente, los sectores populares se empobrecen al mismo tiempo que los más ricos se enriquecen cada vez más. Presentó pruebas contundentes sobre la creciente desigualdad que experimenta la población del país.

La ruina de la agricultura y del sector industrial tiene que ser enfrentado con políticas serias que pongan fin al robo descarado de las arcas nacionales. No se rinden cuentas sobre los 20 mil millones de dólares que ha aportado la operación del Canal de Panamá al fisco nacional en los últimos 15 años. Estos recursos y otros - bien invertidos con un plan de trabajo – pueden convertir a Panamá en un modelo de desarrollo y bienestar que beneficie a todos los panameños y no sólo una minúscula minoría.

Jované también se refirió al colapso del sistema educativo y a la corrupción que corroe las instituciones de salud y de seguridad social. Destacó la preocupación legítima de la ciudadanía en torno a la inseguridad en las ciudades y en el interior.

El profesor Raúl González, miembro fundador del MIREN y secretario de organización, denunció las reformas electorales que pretenden aprobar en la Asamblea de Diputados los partidos políticos tradicionales. Las propuestas que benefician a la clase dominante deben ser rechazadas, dijo Gonzáles.

La Asamblea tuvo oportunidad de debatir todas los puntos presentados por Jované y González. Con relación a la seguridad social todos plantearon la necesidad de rescatar la Caja de Seguro Social (CSS) de los malos políticos que están al servicio de la oligarquía panameña. Hay que regresar al sistema solidario que garantiza la salud financiera de la institución que beneficia a casi tres millones de asegurados.

Todos plantearon la urgencia de crear un sistema de salud que atienda a toda la población sin discriminar a los más pobres. Jované denunció la política desarrollada en los últimos 25 años que ha abandonado los planteles educativos y empobrecido a maestros y profesores.  

La Asamblea aprobó la propuesta de Jované de convertir al MIREN en un ‘instrumento político’ para competir en las elecciones de 2019. Si el MIREN llega al poder planteará la transformación del país y, especialmente, las instituciones políticas presas en las redes de la corrupción. Hay que erradicar la corrupción para que los panameños sientan seguridad en sus hogares y comunidades. Igualmente, hay que ejecutar un plan de desarrollo nacional para que los enormes recursos del gobierno se inviertan en actividades productivas en beneficio de todos los panameños. Todas las formas de discriminación tienen que ser superadas para que las mujeres gocen de los mismos derechos y que todos los grupos sociales tengan las mismas oportunidades. El MIREN acordó convocar a una Asamblea extraordinaria para tratar la cuestión indígena y rechazar los engaños de la oligarquía en su trato de los pueblos originarios.

El MIREN se pronunció a favor de la realización inmediata de una Constituyente originaria. Rechazó las propuestas de los sectores más retardatarios que quieren eliminar el Código de Trabajo, privatizar la CSS y vender las tierras colindantes del Canal de Panamá. Las delegaciones de las provincias de Coclé, Colón, Chiriquí y Veraguas denunciaron los abusos del gobierno nacional en materia de ambiente, políticas sociales y la falta de inversiones productivas.

La Asamblea aprobó una resolución apoyando a la activista ambiental, Ligia Arreaga, quien tuvo que abandonar el país por encontrar su vida en peligro tras ser amenazada por terratenientes que quieren apropiarse del humedal Matusagaratí, en Darién. El gobierno nacional no actúa en defensa de Larissa Duarte, quizás porque sus miembros están en colusión con los depredadores.

El MIREN reiteró su compromiso de luchar por una verdadera democracia, popular, incluyente y participativa, para todos.

20 de octubre de 2016.

La oligarquía entierra la paz en Colombia

Colombia es como una caja de Pandora. Cuando se abre no se sabe que saldrá. O, más bien, no se hacen los estudios previos para predecir las consecuencias de las decisiones que se toman. Hace apenas dos semanas los colombianos rechazaron un acuerdo de paz negociado durante 4 años entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La derrota de la alternativa que favorecía la paz fue apenas por 60 mil votos, el 0.5 por ciento del voto popular. El 63 por ciento de los colombianos aptos para votar prefirieron abstenerse.

Los datos arrojados por las elecciones permiten llegar a una primera conclusión sobre los resultados que sorprendieron a los más incautos y a los observadores internaciones interesados. La abstención es una muestra de desconfianza hacia el gobierno central de Bogotá. La campaña por el voto SI era para Santos y el voto NO era abanicado por Uribe. Es decir, el establishment bicéfalo: el presidente Santos y el expresidente Uribe. En términos electorales fue un voto ‘castigo’.  La mayoría de los colombianos no querían saber ni del uno ni del otro.

Santos apostaba, de ante mano, a su premio Nóbel de la Paz. En cambio, Uribe convirtió la convocatoria a las urnas en un referéndum contra las FARC. No hay duda que para la oligarquía (establishment) ‘cachaco’,  la correlación de fuerzas para determinar la distribución de la riqueza colombiana es más importante que la guerra o la paz.

Las FARC, a su vez,  después de 52 años de lucha guerrillera (desde su fundación en 1964) en los bosques húmedos de las montañas colombianas, calculan que pueden convertirse en una opción democrática para el país. Tienen que tener en cuenta la derecha salvaje representada en este momento por Uribe, que recurre a cualquier arma para mantener el orden oligárquico. Igualmente importante es la abstención de millones de colombianos quienes hay que incluir en la ecuación política

¿Por qué no pudieron los colombianos afianzar el voto por la paz? En un lúcido análisis, Jorge Gallego hace su análisis de los resultados del referéndum.  En primer lugar, “empezando con la coyuntura,  Santos se la jugó por la paz, convirtió al proceso en su principal caballo de batalla. Pero su gobierno es impopular y su coalición política se encuentra fragmentada”. Allí tenemos dos elementos que contribuyeron al fracaso: Santos es impopular y su ‘coalición’ está fragmentada.

Según Gallego, en torno a la campaña, el gobierno se dividió en dos campos. Los dos con miras a las elecciones presidenciales de 2018. Por un lado, el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Por el otro, Humberto de la Calle, apoyado por la ‘casa’ Gaviria. Según esta versión, el expresidente César Gaviria es el padrino de De la Calle y lo colocó como jefe negociador del gobierno en las conversaciones con las FARC.  Ante este panorama, “el actual vicepresidente Vargas nunca se la jugó de lleno por los acuerdos. No lo hizo porque sabe que el triunfo del proceso es una amenaza a su candidatura. Prefirió dedicarse a su propia agenda política. Su distanciamiento fue tan notorio, que el propio presidente lo exhortó a pronunciarse a favor de la paz a tan solo un mes del plebiscito”.

La división de la alianza gubernamental le pasó una factura al presidente Santos que los promotores del Sí hoy lamentan. El vicepresidente Vargas Lleras tiene su base electoral en la región de la costa del Caribe. “Un potencial electoral de casi 8 millones de votos, que representan el 21 por ciento del caudal electoral del país. La abstención en el referéndum fue del 73 por ciento en la región frente a un 63 por ciento en el resto del país”. Algo falló, sin duda. Le costó el referéndum a Santos y a los seguidores del Sí. La región del Caribe, tradicionalmente liberal y partidaria del Sí, en su mayoría, en caso de haber votado en mayores proporciones hubiese podido contrarrestar el resultado, adverso de casi 60.000 votos. Pero es evidente que en su pelea interna con la Casa Gaviria, el vicepresidente Vargas no tuvo incentivos para aceitar su maquinaria y llevar a estos votantes a las urnas”.

¿Podrán las FARC enfrentar con algún grado de éxito político las divisiones internas de la oligarquía colombiana y sus fracciones ‘cachacas’, antioqueñas y costeñas, entre otras? Gallardo recomienda una relectura de García Márquez.

13 de octubre de 2016.

Flores: La universidad y la investigación científica

El nuevo rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, asumió su cargo el fin de semana pasado comprometiéndose a promover la investigación científica en la primera casa de estudios del país. Es un paso importante que urge tomar tanto para cumplir con las demandas del país como para garantizar la formación de profesores y estudiantes.

Según el rector Flores, “a la investigación le daremos prioridad institucional, mediante una consultada definición de las líneas estratégicas de mayor impacto, mayores recursos económicos y un nuevo modelo de gestión”. El nuevo rector define el compromiso como aquel que construye el puente necesario entre la Universidad y el proyecto de nación. “A través de la investigación se generan y aplican los conocimientos para dar respuesta a los problemas nacionales”.

También destaca la falta de un plan de desarrollo nacional de los gobernantes. Señala que “es indispensable crear conciencia a nivel gubernamental y empresarial sobre la importancia de la investigación para el desarrollo del país, lo que requiere una inversión de más recursos económicos”. La primera barrera que encontrará la Universidad para promover la investigación científica es precisamente la dirección gubernamental. Hace poco la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) protestó por el recorte de su presupuesto por parte de la Presidencia.
Flores anuncia una reforma al reglamento de investigación, para que la incentive y, a la vez, estimule el ingreso de nuevos investigadores con doctorados. Hay evidencia suficiente para afirmar que una reforma es insuficiente. Hay que transformar la visión que se tiene de la investigación. De una práctica individual, que desarrollan algunos universitarios con inclinación científica, la investigación en la Universidad tiene que convertirse en una política institucional. La Universidad como institución tiene que investigar sobre la base de un plan, un objetivo y metas muy bien definidas.

La Universidad tiene que comprometer la totalidad de su estructura académica a la investigación. Desde la base institucional, que son sus Departamentos, la investigación tiene que transformarse en su razón de ser. Los profesores que se integran a los departamentos de la Universidad tienen que ser investigadores.

El rector Flores mencionó en su discurso la importancia del Banco de Datos de los departamentos. Es mediante concursos que entran los profesores a los departamentos. Cada profesor debería probar su capacidad investigativa para ser aceptado entre los catedráticos. Son los resultados de estas investigaciones realizadas en un marco institucional, la medida de la capacidad del profesor. La nueva generación debe orientar sus carreras sobre la base de las investigaciones que están realizando sus profesores, sin menoscabar la formación teórica  mediante el intercambio y debate entre estudiantes y profesores.

El rector Flores anunció “un Congreso Nacional Universitario para febrero con la participación de representantes de todos los estamentos”. Es en esta instancia que pueden estudiarse las transformaciones que requiere plantearse la Universidad para convertir la investigación en la columna central de su gestión académica. El rector anunció que el 10 por ciento del presupuesto universitario será “destinado exclusivamente a la investigación”. Es una iniciativa que merece el apoyo de todos. Sin embargo, no será suficiente para solucionar el problema. Es decir, Panamá necesita una institución del más alto nivel dedicado a la investigación. Este objetivo se puede lograr mediante la transformación de la estructura de la institución. Estas transformaciones pueden discutirse en el Congreso anunciado.

La Universidad de Panamá tiene una larga historia de luchas y compromiso con el proyecto de nación de los panameños. De manera planificada y premeditada, formó a los cuadros gubernamentales que consolidaron las instituciones gubernamentales (1935-1950). También fue la responsable de formar – de manera planificada - a todos los científicos que trabajaron en el proyecto de industrialización mediante la sustitución de importaciones (1945-1970). Este proyecto fue abandonado por las políticas de ajuste (neoliberalismo) de los gobiernos a partir de la década de 1980. Igualmente, la Universidad promovió la formación de los científicos sociales que participaron en los proyectos desarrollistas de la década de 1970. La invasión norteamericana enterró en forma definitiva los planes de desarrollo.

La Universidad de Panamá fue víctima de la invasión militar norteamericana de 1989. Los representantes del régimen que emergió, abandonaron el proyecto de nación y se dedicaron a acaparar las rentas que genera la posición geográfica del país. La casa de Méndez Pereira tiene ahora la oportunidad de recuperar su rol de ser la “conciencia crítica de la nación”.

6 de octubre de 2016.

La desigualdad social y ‘la revolución cultural’

¿Pueden las ciencias sociales mitigar la desigualdad y sus amenazas? Mientras que en Panamá las políticas públicas siguen creando más desigualdad social (venta de las tierras de la antigua Zona del Canal o áreas revertidas, desmantelamiento de la Caja de Seguro Social (CSS) y otras iniciativas), las instituciones globales alertan sobre la amenaza de la creciente desigualdad social. Según el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales de 2016, “diversas evaluaciones han llegado a la conclusión de que el 1% de la población mundial concentra en sus manos casi la mitad de la riqueza poseída por el conjunto de las familias del planeta. También afirma que las 62 personas más ricas del mundo poseen por sí solas tantos bienes como la mitad más pobre de la humanidad”.

El Informe Mundial nos dice que “la desigualdad puede poner en peligro la sostenibilidad de las economías, sociedades y comunidades”. En el caso de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha ‘lotificado’ las áreas revertidas que rodean el Canal de Panamá y está vendiendo las parcelas a granel. Los bancos locales están promoviendo la división de la CSS en varias entidades para manipularla mejor según los intereses de los monopolios (no el mercado).

El comité científico que elaboró el Informe estuvo encabezado por el economista norteamericano, Joseph Stiglitz. El mismo que abandonó la comisión creada por el gobierno panameño para analizar la corrupción asociada al escándalo de los papeles de Mossack-Fonseca. Lo primero que detectó Stiglitz, en el caso de Panamá, es la falta de transparencia que existía en la misma comisión creada por el gobierno panameño. Cuando le pidió al gobierno más claridad se lo negaron. Como consecuencia renunció junto con otro comisionado.

En el caso del Informe Mundial sobre Ciencias Sociales, Stiglitz tuvo mejor suerte. Su Comité pudo presentar los resultados de la investigación al parlamento sueco la semana pasada. El Informe hace énfasis en que la desigualdad no es sólo económica. Indica que son muy pocos los países que investigan las repercusiones que puede tener a largo plazo la desigualdad social.

Hay conciencia sobre el “problema que representa el aumento de la desigualdad y la manera en que ésta se debe abordar”. A pesar de ello es poco o nada lo que se hace. “La reducción de la desigualdad es ante todo una cuestión de equidad y justicia social. Es también fundamental para erradicar la extrema pobreza, impulsar las transformaciones propicias para el desarrollo sostenible, promover el progreso social, reducir los conflictos y la violencia”. El Informe afirma que “ha llegado la hora”, hay que escuchar las voces de quienes son perseguidos, excluidos y reprimidos.

Comencemos conociendo mejor el país. En primer lugar, Panamá no tiene una economía competitiva y el mercado ‘nacional’ ha sido destruido por las políticas públicas de las últimas dos décadas. Al igual que la economía mundial, desde antes de la invasión militar norteamericana, la economía panameña se caracteriza por ser ‘oligopólica’. Es decir, todas las decisiones las toma un pequeño grupo que controla la economía, la política e, incluso, los resortes ideológicos.

En segundo lugar, desde el punto de vista político, estos intereses se expresan a través de partidos que se reparten los espacios gubernamentales que distribuyen las rentas que obtiene la posición geográfica del país. El tributo que los grandes países usuarios de nuestra posición geográfica le pagan al país ronda entre 10 y 12 mil millones de dólares. Cerca de 5 mil millones van directamente al bolsillo de los rentistas.

El Informe concluye que “la investigación en ciencias sociales puede contribuir a afrontar el reto de las desigualdades en la construcción del conocimiento. Esas desigualdades afectan los tipos de conocimientos producidos, a sus productores y a los sitios donde se producen. También comprenden las disparidades en el acceso a los conocimientos y la tendencia a dar prioridad a determinadas disciplinas”.

En Panamá se requiere de una ‘revolución cultural’ para alcanzar el objetivo señalado por el Informe. En la actualidad, se invierte el 0.2 por ciento del producto interno bruto en investigación científica. Una fracción de esa cantidad se destina a las ciencias sociales. Habría que comenzar revolucionando a la Universidad de Panamá convirtiéndola en una institución de investigación. Además, hay que transformar el sistema educativo del país para que cada niño que entra a la escuela tenga un programa para llegar a ser ingeniero cuando culminan sus estudios.

29 de septiembre de 2016.