La oligarquía entierra la paz en Colombia

Colombia es como una caja de Pandora. Cuando se abre no se sabe que saldrá. O, más bien, no se hacen los estudios previos para predecir las consecuencias de las decisiones que se toman. Hace apenas dos semanas los colombianos rechazaron un acuerdo de paz negociado durante 4 años entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La derrota de la alternativa que favorecía la paz fue apenas por 60 mil votos, el 0.5 por ciento del voto popular. El 63 por ciento de los colombianos aptos para votar prefirieron abstenerse.

Los datos arrojados por las elecciones permiten llegar a una primera conclusión sobre los resultados que sorprendieron a los más incautos y a los observadores internaciones interesados. La abstención es una muestra de desconfianza hacia el gobierno central de Bogotá. La campaña por el voto SI era para Santos y el voto NO era abanicado por Uribe. Es decir, el establishment bicéfalo: el presidente Santos y el expresidente Uribe. En términos electorales fue un voto ‘castigo’.  La mayoría de los colombianos no querían saber ni del uno ni del otro.

Santos apostaba, de ante mano, a su premio Nóbel de la Paz. En cambio, Uribe convirtió la convocatoria a las urnas en un referéndum contra las FARC. No hay duda que para la oligarquía (establishment) ‘cachaco’,  la correlación de fuerzas para determinar la distribución de la riqueza colombiana es más importante que la guerra o la paz.

Las FARC, a su vez,  después de 52 años de lucha guerrillera (desde su fundación en 1964) en los bosques húmedos de las montañas colombianas, calculan que pueden convertirse en una opción democrática para el país. Tienen que tener en cuenta la derecha salvaje representada en este momento por Uribe, que recurre a cualquier arma para mantener el orden oligárquico. Igualmente importante es la abstención de millones de colombianos quienes hay que incluir en la ecuación política

¿Por qué no pudieron los colombianos afianzar el voto por la paz? En un lúcido análisis, Jorge Gallego hace su análisis de los resultados del referéndum.  En primer lugar, “empezando con la coyuntura,  Santos se la jugó por la paz, convirtió al proceso en su principal caballo de batalla. Pero su gobierno es impopular y su coalición política se encuentra fragmentada”. Allí tenemos dos elementos que contribuyeron al fracaso: Santos es impopular y su ‘coalición’ está fragmentada.

Según Gallego, en torno a la campaña, el gobierno se dividió en dos campos. Los dos con miras a las elecciones presidenciales de 2018. Por un lado, el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Por el otro, Humberto de la Calle, apoyado por la ‘casa’ Gaviria. Según esta versión, el expresidente César Gaviria es el padrino de De la Calle y lo colocó como jefe negociador del gobierno en las conversaciones con las FARC.  Ante este panorama, “el actual vicepresidente Vargas nunca se la jugó de lleno por los acuerdos. No lo hizo porque sabe que el triunfo del proceso es una amenaza a su candidatura. Prefirió dedicarse a su propia agenda política. Su distanciamiento fue tan notorio, que el propio presidente lo exhortó a pronunciarse a favor de la paz a tan solo un mes del plebiscito”.

La división de la alianza gubernamental le pasó una factura al presidente Santos que los promotores del Sí hoy lamentan. El vicepresidente Vargas Lleras tiene su base electoral en la región de la costa del Caribe. “Un potencial electoral de casi 8 millones de votos, que representan el 21 por ciento del caudal electoral del país. La abstención en el referéndum fue del 73 por ciento en la región frente a un 63 por ciento en el resto del país”. Algo falló, sin duda. Le costó el referéndum a Santos y a los seguidores del Sí. La región del Caribe, tradicionalmente liberal y partidaria del Sí, en su mayoría, en caso de haber votado en mayores proporciones hubiese podido contrarrestar el resultado, adverso de casi 60.000 votos. Pero es evidente que en su pelea interna con la Casa Gaviria, el vicepresidente Vargas no tuvo incentivos para aceitar su maquinaria y llevar a estos votantes a las urnas”.

¿Podrán las FARC enfrentar con algún grado de éxito político las divisiones internas de la oligarquía colombiana y sus fracciones ‘cachacas’, antioqueñas y costeñas, entre otras? Gallardo recomienda una relectura de García Márquez.

13 de octubre de 2016.

Flores: La universidad y la investigación científica

El nuevo rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, asumió su cargo el fin de semana pasado comprometiéndose a promover la investigación científica en la primera casa de estudios del país. Es un paso importante que urge tomar tanto para cumplir con las demandas del país como para garantizar la formación de profesores y estudiantes.

Según el rector Flores, “a la investigación le daremos prioridad institucional, mediante una consultada definición de las líneas estratégicas de mayor impacto, mayores recursos económicos y un nuevo modelo de gestión”. El nuevo rector define el compromiso como aquel que construye el puente necesario entre la Universidad y el proyecto de nación. “A través de la investigación se generan y aplican los conocimientos para dar respuesta a los problemas nacionales”.

También destaca la falta de un plan de desarrollo nacional de los gobernantes. Señala que “es indispensable crear conciencia a nivel gubernamental y empresarial sobre la importancia de la investigación para el desarrollo del país, lo que requiere una inversión de más recursos económicos”. La primera barrera que encontrará la Universidad para promover la investigación científica es precisamente la dirección gubernamental. Hace poco la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) protestó por el recorte de su presupuesto por parte de la Presidencia.
Flores anuncia una reforma al reglamento de investigación, para que la incentive y, a la vez, estimule el ingreso de nuevos investigadores con doctorados. Hay evidencia suficiente para afirmar que una reforma es insuficiente. Hay que transformar la visión que se tiene de la investigación. De una práctica individual, que desarrollan algunos universitarios con inclinación científica, la investigación en la Universidad tiene que convertirse en una política institucional. La Universidad como institución tiene que investigar sobre la base de un plan, un objetivo y metas muy bien definidas.

La Universidad tiene que comprometer la totalidad de su estructura académica a la investigación. Desde la base institucional, que son sus Departamentos, la investigación tiene que transformarse en su razón de ser. Los profesores que se integran a los departamentos de la Universidad tienen que ser investigadores.

El rector Flores mencionó en su discurso la importancia del Banco de Datos de los departamentos. Es mediante concursos que entran los profesores a los departamentos. Cada profesor debería probar su capacidad investigativa para ser aceptado entre los catedráticos. Son los resultados de estas investigaciones realizadas en un marco institucional, la medida de la capacidad del profesor. La nueva generación debe orientar sus carreras sobre la base de las investigaciones que están realizando sus profesores, sin menoscabar la formación teórica  mediante el intercambio y debate entre estudiantes y profesores.

El rector Flores anunció “un Congreso Nacional Universitario para febrero con la participación de representantes de todos los estamentos”. Es en esta instancia que pueden estudiarse las transformaciones que requiere plantearse la Universidad para convertir la investigación en la columna central de su gestión académica. El rector anunció que el 10 por ciento del presupuesto universitario será “destinado exclusivamente a la investigación”. Es una iniciativa que merece el apoyo de todos. Sin embargo, no será suficiente para solucionar el problema. Es decir, Panamá necesita una institución del más alto nivel dedicado a la investigación. Este objetivo se puede lograr mediante la transformación de la estructura de la institución. Estas transformaciones pueden discutirse en el Congreso anunciado.

La Universidad de Panamá tiene una larga historia de luchas y compromiso con el proyecto de nación de los panameños. De manera planificada y premeditada, formó a los cuadros gubernamentales que consolidaron las instituciones gubernamentales (1935-1950). También fue la responsable de formar – de manera planificada - a todos los científicos que trabajaron en el proyecto de industrialización mediante la sustitución de importaciones (1945-1970). Este proyecto fue abandonado por las políticas de ajuste (neoliberalismo) de los gobiernos a partir de la década de 1980. Igualmente, la Universidad promovió la formación de los científicos sociales que participaron en los proyectos desarrollistas de la década de 1970. La invasión norteamericana enterró en forma definitiva los planes de desarrollo.

La Universidad de Panamá fue víctima de la invasión militar norteamericana de 1989. Los representantes del régimen que emergió, abandonaron el proyecto de nación y se dedicaron a acaparar las rentas que genera la posición geográfica del país. La casa de Méndez Pereira tiene ahora la oportunidad de recuperar su rol de ser la “conciencia crítica de la nación”.

6 de octubre de 2016.

La desigualdad social y ‘la revolución cultural’

¿Pueden las ciencias sociales mitigar la desigualdad y sus amenazas? Mientras que en Panamá las políticas públicas siguen creando más desigualdad social (venta de las tierras de la antigua Zona del Canal o áreas revertidas, desmantelamiento de la Caja de Seguro Social (CSS) y otras iniciativas), las instituciones globales alertan sobre la amenaza de la creciente desigualdad social. Según el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales de 2016, “diversas evaluaciones han llegado a la conclusión de que el 1% de la población mundial concentra en sus manos casi la mitad de la riqueza poseída por el conjunto de las familias del planeta. También afirma que las 62 personas más ricas del mundo poseen por sí solas tantos bienes como la mitad más pobre de la humanidad”.

El Informe Mundial nos dice que “la desigualdad puede poner en peligro la sostenibilidad de las economías, sociedades y comunidades”. En el caso de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha ‘lotificado’ las áreas revertidas que rodean el Canal de Panamá y está vendiendo las parcelas a granel. Los bancos locales están promoviendo la división de la CSS en varias entidades para manipularla mejor según los intereses de los monopolios (no el mercado).

El comité científico que elaboró el Informe estuvo encabezado por el economista norteamericano, Joseph Stiglitz. El mismo que abandonó la comisión creada por el gobierno panameño para analizar la corrupción asociada al escándalo de los papeles de Mossack-Fonseca. Lo primero que detectó Stiglitz, en el caso de Panamá, es la falta de transparencia que existía en la misma comisión creada por el gobierno panameño. Cuando le pidió al gobierno más claridad se lo negaron. Como consecuencia renunció junto con otro comisionado.

En el caso del Informe Mundial sobre Ciencias Sociales, Stiglitz tuvo mejor suerte. Su Comité pudo presentar los resultados de la investigación al parlamento sueco la semana pasada. El Informe hace énfasis en que la desigualdad no es sólo económica. Indica que son muy pocos los países que investigan las repercusiones que puede tener a largo plazo la desigualdad social.

Hay conciencia sobre el “problema que representa el aumento de la desigualdad y la manera en que ésta se debe abordar”. A pesar de ello es poco o nada lo que se hace. “La reducción de la desigualdad es ante todo una cuestión de equidad y justicia social. Es también fundamental para erradicar la extrema pobreza, impulsar las transformaciones propicias para el desarrollo sostenible, promover el progreso social, reducir los conflictos y la violencia”. El Informe afirma que “ha llegado la hora”, hay que escuchar las voces de quienes son perseguidos, excluidos y reprimidos.

Comencemos conociendo mejor el país. En primer lugar, Panamá no tiene una economía competitiva y el mercado ‘nacional’ ha sido destruido por las políticas públicas de las últimas dos décadas. Al igual que la economía mundial, desde antes de la invasión militar norteamericana, la economía panameña se caracteriza por ser ‘oligopólica’. Es decir, todas las decisiones las toma un pequeño grupo que controla la economía, la política e, incluso, los resortes ideológicos.

En segundo lugar, desde el punto de vista político, estos intereses se expresan a través de partidos que se reparten los espacios gubernamentales que distribuyen las rentas que obtiene la posición geográfica del país. El tributo que los grandes países usuarios de nuestra posición geográfica le pagan al país ronda entre 10 y 12 mil millones de dólares. Cerca de 5 mil millones van directamente al bolsillo de los rentistas.

El Informe concluye que “la investigación en ciencias sociales puede contribuir a afrontar el reto de las desigualdades en la construcción del conocimiento. Esas desigualdades afectan los tipos de conocimientos producidos, a sus productores y a los sitios donde se producen. También comprenden las disparidades en el acceso a los conocimientos y la tendencia a dar prioridad a determinadas disciplinas”.

En Panamá se requiere de una ‘revolución cultural’ para alcanzar el objetivo señalado por el Informe. En la actualidad, se invierte el 0.2 por ciento del producto interno bruto en investigación científica. Una fracción de esa cantidad se destina a las ciencias sociales. Habría que comenzar revolucionando a la Universidad de Panamá convirtiéndola en una institución de investigación. Además, hay que transformar el sistema educativo del país para que cada niño que entra a la escuela tenga un programa para llegar a ser ingeniero cuando culminan sus estudios.

29 de septiembre de 2016.

Pedreschi: “Canal propio, canal ajeno”

Hace más de 40 años, las Ediciones de la Revista Tareas publico Canal propio vs Canal ajeno, de Carlos Bolivar Pedreschi. El autor acaba de publicar la tercera edición con un prólogo de Mario Galindo H. En su momento, 1973, el trabajo fue de inmensa importancia ya que sintetizaba lo que Panamá tenía que poner sobre la mesa de negociaciones con EEUU. Sigue siendo de enorme valor porque señala cuales son las tareas no cumplidas a pesar de las cuatro décadas que han pasado.

En el libro, Pedreschi puntualiza con claridad que era lo que el pueblo quería en torno al futuro de la posición geográfica privilegiada de Panamá y del Canal de Panamá. Ya habían pasado 70 años de ocupación colonial en la Zona del Canal, igual número de años de presencia militar con una creciente militarización del istmo y un Canal ajeno que no respondía a las necesidades de desarrollo nacional.

En primer lugar, Pedreschi señala que la antigua zona del Canal tenía que desaparecer. En segundo lugar, todas las bases militares tenían que ser evacuadas. Finalmente, el Canal tenía que pasar a ser administrado por el gobierno panameño. En 1977, cuatro años después de la publicación del trabajo, se cumplieron los tres objetivos en el Tratado del Canal ‘Torrijos-Carter’. ¿Era el abogado Pedreschi un clarividente? Evidentemente, no era el caso. Sin embargo, analizó lo que quería el pueblo panameño y para lo cual estaba dispuesto a luchar. Las jornadas nacionalistas de las décadas de 1940 y 1950 culminaron el 9 de enero de 1964 y desataron la crisis política de 1968 que precipitó el golpe militar. En 25 años –  entre1943 y 1968 -  Panamá se había transformado y Pedreschi lo capta en su libro.

Pedreschi no lo expresó en forma explícita, pero está presente en el libro, la lucha sin descanso entre dos clases que se enfrentaban (y siguen enfrentadas) por la hegemonía en el país. Planteó que “subyacen en el subsuelo mismo de las negociaciones… lo que podríamos llamar el criterio histórico y el criterio práctico”. Es decir, por un lado, una clase social con una visión de país, con un “criterio histórico” que es el producto de largas luchas desarrolladas a lo largo de por lo menos dos siglos y medio. Por el otro, una clase social con intereses de muy corto plazo, basados en un “criterio práctico”.

Pedreschi supo distinguir, por un lado, “los objetivos históricos de la nación panameña… la aspiración final y escencial” de los panameños”. Por el otro, “lo que podemos conseguir de modo inmediato (de EEUU)”. Es decir, “conseguir lo que EEUU buenamente quiera reconocerle a Panamá”.

Hacer esta distinción clasista no se refiere únicamente a la cuestión del Canal de Panamá. Según Pedreschi, estas diferencias “han estado presente también dentro de nuestra política interna”. En el escrito de 1973, meses después de reiniciadas las negociaciones entre el gobierno militar de Torrijos y la Casa Blanca de Richard Nixon, Pedreschi deja muy clara cuál debe ser la posición de Panamá. Insiste en que el Canal debe ser panameño, que las bases militares deben evacuarse y la llamada ‘Zona’ debe desaparecer.

En 1973 Pedreschi veía unas largas negociaciones entre Panamá y EEUU. La razón era sencilla: EEUU es un país colonialista y no tenía la menor intención de abandonar sus conquistas territoriales en el corazón de Panamá. El autor sostuvo – correctamente – que Panamá no debería firmar tratado alguno que conservara el status quo o, peor aún, que hiciera más concesiones (como el nefasto ‘Tratado 3 en 1’ de 1967 que impulsó la clase con ‘criterio práctico’).

En el libro que se edita por tercera vez, no aparece la historia de los últimos cuatro años de negociaciones en torno al Canal de Panamá. Pedreschi plantea los objetivos y pronostica un largo proceso de negociación. ¿Qué permitió que las negociaciones incluyeran todo lo que estaba en la agenda de Pedreschi y que se acortara el tiempo? Hay dos elementos – en mi opinión – que lo explican. Por un lado, la guerra de Vietnam y la campaña electoral de Jimmy Carter (1976) que prometió recortes en los gastos militares. Por el otro, a las negociaciones se sumó la presión de las clases con un proyecto nacional. La ‘ventana’ de oportunidad en Washington y la movilización popular en Panamá le permitió a Torrijos navegar hasta alcanzar el Tratado que proponían quienes tenían un ‘criterio histórico’.

22 de septiembre de 2016.

“El uso más colectivo” y un plan de desarrollo nacional

La política neoliberal – “primero los negocios” – asomó su cabeza en la entidad que administra la vía interoceánica: la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Siguiendo el patrón sentado por la corrupción en las políticas de seguridad, salud, obras públicas y las demás, salió a relucir un contrato de la junta directiva de la ACP que beneficia a un grupo de empresarios y pone en peligro el futuro de la vía acuática.

En 1977 el general Omar Torrijos, jefe de Gobierno panameño de aquel entonces, manifestó que la transferencia del Canal y la desaparición de la antigua Zona del Canal, tenía que beneficiar al país para lo cual había que darle "el uso más colectivo posible". Es decir, todos los sectores sociales tenían que beneficiarse de esta conquista producto de las luchas libradas por varias generaciones panameñas.
En 1996 los gobernantes de turno, que se decían herederos de Torrijos, transformaron radicalmente el objetivo señalado dos décadas antes. La nueva concepción desplazó a un segundo plano el rol de la Nación panameña como guía de los procesos de recuperación de las áreas revertidas y de la política relacionada con el Canal. El objetivo que se impuso a partir de la década de 1990, que recoge el Plan general de uso de las áreas revertidas, de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), estableció "el mercado como la herramienta fundamental para determinar la asignación de recursos".
Según este enunciado, el mercado y no la Nación panameña determinaría el futuro curso de las áreas revertidas y del Canal de Panamá. Las dificultades que enfrenta esta propuesta, la inestabilidad política que provoca esta noción ideológica y los obstáculos que representa para rescatar los objetivos históricamente identificados con las luchas nacionales son obvios.
Desde la creación de la ACP fue blindada para evitar que la política partidista penetrara la estructura de sus decisiones. Incluso, se incorporó un Capítulo en la Constitución de la República para proteger la administradora del Canal. El objetivo que perseguía el blindaje, sin embargo, no era para evitar la ‘politiquería’. Más bien era para promover los negocios de los rentistas y especuladores que se apoderaron de la directiva de la ACP.
Hasta la fecha, existe un divorcio entre las actividades del Canal y el desarrollo del país. Mientras que el primero prospera para un pequeño grupo de empresarios, el resto del país pareciera retroceder: El agro colapsó, la industria desapareció, la pesca se ahogó y la minería pretende acabar con el ambiente. Las cifras son elocuentes. El crecimiento del sector marítimo y sus diversas actividades (especialmente el Canal), han crecido a una tasa promedio anual de dos dígitos en los últimos 15 años. En cambio, el resto de la economía está estancada y crece a un promedio del cero por ciento al año.
Los rentistas que controlan el gobierno panameño desde la invasión militar norteamericana de 1989, siempre han visto el Tratado del Canal firmado en 1977 como una oportunidad para apropiarse de los excedentes que genera la posición geográfica del Istmo. Durante el siglo XX estas ganancias eran exclusivamente para la industria marítima norteamericana que aprovechó la construcción del Canal (1904-1914) y su administración por el Ejército de EEUU (1906-1999). A pesar de que Washington traspasó las operaciones del Canal (y las enormes ganancias que genera) a Panamá, todavía mantiene una estrecha vigilancia sobre sus actividades.
La preocupación de Washington está – en gran parte – en asegurar que el régimen de agua para el funcionamiento del Canal no corra riesgos. Desde hace 20 años creó varias organizaciones que vigilan la cuenca del Canal y coordinan con la ACP. Precisamente, estas ONG han denunciado el contrato de la directiva de la ACP con empresarios rentistas para explotar la ribera del Canal. La ACP admite que le cedió o vendió (hay que aclarar este asunto) a North Properties más de 5 hectáreas. La empresa - creada para adquirir el polígono - parece haberse apropiado de 8.3 hectáreas.
La destrucción del área colindante con el curso del Canal pone en duda si los objetivos de los ideólogos neoliberales que se apoderaron del país hace 25 años son cónsonos con sus propósitos: convertir el mercado en la herramienta fundamental para determinar la asignación de recursos. Hay que recuperar la noción de Torrijos y darle el uso más colectivo a nuestra posición geográfica: El país necesita un plan de desarrollo nacional.

15 de septiembre de 2016.

La muralla de la paz

Hay murallas que se construyen para la paz.

Esa es la muralla de Nicolás Guillén (1902-1989), poeta cubano, quien cantó para que todas las manos se juntaran y evitaran la guerra. Su plegaria pretendía unir a los pueblos del mundo. La muralla ha sido grabada por el grupo chileno Quilapayún, así como los españoles  Ana Belén y Víctor Manuel. Son muchas las murallas que por mala fortuna han sido levantadas para la guerra. Así es la muralla que pretende construir Trump para separar los pueblos que viven a orillas del río Grande, entre México y EEUU.

Según Trump la muralla que se construiría entre EEUU y Mexico tendría una extensión de 1.600 kilómetros y un costo de 8.000 millones de dólares. El especulador norteamericano asegura que esa cantidad es una “cantidad muy pequeña comparada con el dinero que EEUU pierde con México”.

Trump asegura que México pagará la construcción de la muralla si gana las elecciones en noviembre. Según un diario de la capital mexicana, “como es habitual en las promesas electorales del candidato a la Casa Blanca, los números no encajan y a veces son mentiras”.  A pesar de las amenazas de Trump contra los empresarios norteamericanos que inviertan en México, muchos no le hacen caso a su proyecto de muralla. La segunda empresa de automóviles  de EEUU, la Ford Co., anunció que va a invertir 1.600 millones de dólares en una nueva fábrica en la localidad mexicana de San Luis Potosí, que dará empleo a 2,800 personas, casi todas mexicanas.

Como es habitual en las promesas electorales del candidato a la Casa Blanca, los números no encajan, y algunos de ellos son mentiras. Las grandes multinacionales de EEUU no le están haciendo mucho caso.

El gobierno mexicano pagaría la muralla, según Trump, en tres pasos. El "primer día" en la Casa Blanca, el magnate exigirá que los "extranjeros" que residan en EEUU presenten pruebas de su residencia legal para realizar transferencias de dinero fuera del país.

El "segundo día" de su presidencia, asegura Trump, México elevaría una protesta diplomática por la medida anunciada. "En el tercer día" de su presidencia, Trump exigirá al Gobierno mexicano que pague una cantidad indeterminada de miles de millones de dólares para construir el muro. Si no lo hace, Trump le prohibiría a los mexicanos indocumentados transferir fondos a sus familias. Los asesores de Trump dicen que los mexicanos en EEUU envían a su país 24.000 millones de dólares anuales en remesas. El monto "actúa como una red de protección social en México".

De antemano, Trump anuncia la guerra. Hay una masa electoral en EEUU que apoya la guerra. Por esta razón hay mucho miedo en el mundo.

Los pueblos latinoamericanos luchan por la paz. El pueblo norteamericano también. Pero hay 'alacranes y ciempiés' que quieren tomarse el poder político (entre ellos candidatos como Donald Trump o golpistas más al sur) para separar los pueblos y hacer la guerra.

A diferencia de los guerreristas como Trump, los latinoamericanos sabrán abrirle la muralla 'al corazón del amigo'. También hay 'rosas y claveles' a las cuales la muralla les abrirá paso. 

Lean más abajo La muralla de Nicolás Guillén, adaptada a Trump.

Para hacer esta muralla / tráiganme todas las manos / Los negros, sus manos negras,
los blancos, sus blancas manos.
Ay,
una muralla que vaya… desde la playa hasta el monte / desde el monte hasta la playa, bien / allá sobre el horizonte.

¡Tun, tun! / ¿Quién es? / Una rosa y un clavel... / ¡Abre la muralla!
¡Tun, tun! / ¿Quién es? / El sable de Trump... ¡Cierra la muralla!
¡Tun, tun! / ¿Quién es? / La paloma y el laurel...  ¡Abre la muralla!
¡Tun, tun! / ¿Quién es? / El alacrán y el ciempiés de Trump.../ ¡Cierra la muralla!

Al corazón del amigo, abre la muralla / al veneno y puñal de Trump, cierra la muralla;
Al mirto y yerbabuena, abre la muralla / a la serpiente de Trump, cierra la muralla;
Al ruiseñor en la flor, abre la muralla...

Alcemos una muralla, juntando todas las manos; los negros, sus manos negras,
Los blancos, sus blancas manos.
Una muralla que vaya/ desde la playa hasta el monte /desde el monte hasta la playa, bien / allá sobre el horizonte...

8 de septiembre de 2016.

La falta de una política migratoria abre la puerta al caos

La realidad migratoria panameña es un problema político con ramificaciones sociales y económicas. Los inmigrantes llegan por vías aérea y terrestre. En su gran mayoría son centroamericanos, caribeños, así como de Colombia y Venezuela. No hay que ignorar el gran número de norteamericanos y españoles. Hay un motor que impulsa la migración: el factor económico. La presencia de estos inmigrantes, y la política plagada de corrupción de los gobernantes, genera preocupación entre los diferentes estratos sociales del país.

La arrogancia de los norteamericanos, el elemento colonial que acompaña a los peninsulares y la lucha cotidiana de los latinoamericanos por encontrar un espacio decente en el país, crean anticuerpos que muchos observadores denominan equivocadamente xenofobia.

En realidad, el fenómeno de la inmigración no es nuevo, ni constituye peligro para Panamá. Los pocos textos que existen sobre los tres siglos de vida colonial panameña (1500-1800), nos hablan de una constante transformación demográfica del istmo. Los funcionarios y aventureros españoles y sus aliados coyunturales llegaban en oleadas a Panamá a especular con las enormes riquezas que transitaban por la ruta interoceánica. A mediados del siglo XIX, EEUU reemplazó al imperio español y construyó el ferrocarril transístmico, trayendo europeos, centroamericanos y caribeños a nuestras costas. A fines de ese siglo los franceses intentaron construir – sin éxito - un canal a nivel provocando una nueva transformación demográfica. Quizás el movimiento humano más grande fue durante la construcción del canal a esclusas por EEUU, entre 1904 y 1914. Sólo la planilla de la empresa constructora contaba con 100 mil extranjeros insertos en un país con sólo 250 mil habitantes. Además de los trabajadores del Canal, llegaban a las costas panameñas otras decenas de miles de forasteros a probar suerte en medio del ‘boom’ económico más grande de la historia del país.  

Panamá no es una excepción. Las migraciones europeas a América dieron nacimiento a las metrópolis como Nueva York, Sao Paulo y Buenos Aires, entre muchas otras. A diferencia de otros lugares – quizás – Panamá no desarrolló una política de población para organizar a la masa de población que llegaba sin cesar al país. El siglo XX es un triste ejemplo de cómo fueron explotados los migrantes por especuladores locales y extranjeros. Esta realidad pareciera seguir siendo la regla en el presente siglo.

Pero, en la actualidad, hay otro tipo de inmigrante con el cual Panamá nunca tuvo que lidiar en el pasado. Se trata de la ‘trata humana’ que realiza EEUU con migrantes cubanos, haitianos y africanos (incluso algunos asiáticos) que son movilizados desde sus países al país del norte convencidos que encontrarán ‘el sueño americano’. Los caminantes de varios continentes son esquilmados por funcionarios y ‘coyotes’. En el caso de Panamá, las fronteras de Colombia y Costa Rica, supuestamente selladas por fuerzas policiales militarizadas locales – financiadas, entrenadas y armadas por Washington – se disuelven como mantequilla ante la ofensiva de quienes llegan con dinero o tarjetas de crédito en su camino a EEUU.

Las autoridades panameñas se declaran simpatizantes con los ‘transeúntes’ y le pasan el problema a la Iglesia católica que los atiende. En el fondo, todos – gobernantes, militares, periodistas y empresarios – saben de qué se trata. En vez de pedirle al gobierno de Washington que disponga de medios de transporte aéreo o marítimo para los que buscan llegar a Texas, se hacen los ignorantes y pecan de hipócritas.

Hay que exigir a los gobiernos de los países de la franja centroamericana, México, Brasil, Ecuador y Colombia la convocatoria de una reunión urgente de la OEA para tratar el asunto y encontrar la solución en forma expedita. El primer punto en la agenda es definir quién es el responsable de la llamada ‘tragedia humana’ que afecta a miles de caminantes. ¿Por qué Washington obliga a los países vecinos de la cuenca del Caribe a jugar con las vidas de miles de familias que quieren llegar a EEUU? La OEA puede discutir este problema con la seriedad que la situación demanda. Los cubanos, por ejemplo, que viajan por vía área a Ecuador con visas obtenidas legalmente en el consulado de La Habana, siguen su camino a pie hacia EEUU. Toman varios meses para completar el viaje, si tienen suerte. Si viajaran de La Habana a Miami en un vuelo regular tomarían sólo media hora para llegar a su destino.

Un país sin política migratoria, como Panamá, abre la puerta al caos.

1 de septiembre de 2016.